Según trascendió, se acordó conformar una mesa política integrada por representantes de ambos sectores.

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El Gobierno de Mendoza trabaja en un proyecto de ley para endurecer las sanciones a los conductores alcoholizados. Los límites permitidos de alcohol en sangre no se modificarán.
Sanciones monetarias más duras, con la posibilidad de ir preso y que la policía retenga el vehículo: esa es la batería de castigos con los que el gobierno de Alfredo Cornejo intentará poner freno a la tragedia cotidiana de los accidentes viales en Mendoza.
Se estima que el Ejecutivo provincial presentará un proyecto de ley en la Legislatura a principios de esta semana. Su objetivo es modificar el régimen de castigos para aquellos que manejan alcoholizados.
De aprobarse la iniciativa, las multas por manejar ebrio irían de 42.000 a 108.000 pesos, más la retención del vehículo hasta que se abone la penalización; e incluso la posibilidad de ir a la cárcel. Eso significa un notorio contraste con los montos actuales, que apenas pasan los $10.000, con descuentos si el pago se realiza inmediatamente después de haber sido notificado.
Néstor Majul, Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, anticipa que el cambio será drástico. “Si te paran y tenés más de 0,5, no solo te pondrán una multa mucho más alta que la actual, sino que te van a quitar el vehículo y no lo podrás recuperar hasta que la pagues. Pero también te podrá implicar días de arresto o trabajos comunitarios, según se determine en cada caso”.
La propuesta entusiasma a algunos pero decepciona a otros. De hecho, parece desestimar las demandas de numerosas víctimas de accidentes viales, quienes se movilizaron en los últimos meses pidiendo una ley de “alcohol cero”; medida que, al parecer, no tendrá cabida en el plan del Ejecutivo.
Cornejo ha repetido varias veces que el límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre le parece “razonable”. Por eso el proyecto que envía a la legislatura no prevé la modificación de ese límite. Sin embargo, sí implica un endurecimiento de la política vial, e incluso incluye la construcción de un módulo penitenciario en la cárcel de El Borbollón para alojar a los conductores penalizados.
Según trascendió, se acordó conformar una mesa política integrada por representantes de ambos sectores.
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