A tres días del cierre de listas de candidatos para las elecciones de medio turno, la Cámara baja logró el quórum necesario para realizar la sesión especial. La norma garantiza el patrocinio jurídico gratuito y le brinda a las víctimas una mayor participación en el proceso judicial.

Con el fin de convertir en ley el régimen de protección a víctimas de delitos, la convocatoria reunió el quórum necesario con la presencia de 136 diputados en el comienzo, para tratar una iniciativa fuertemente reclamada por la sociedad y el colectivo “Para que no te pase”.

La sesión especial se convierte así en un hecho inusual, en medio de una semana marcada por las negociaciones de último momento y la definición electoral de los distintos partidos. Entre otras cosas, la Ley busca que la víctima pueda tener un centro de atención las 24hs, que pueda contar con un abogado gratuitamente y que pueda ser parte del proceso judicial. 

La Ley de víctimas 

El proyecto surgió luego de una marcha realizada en octubre de 2015 bajo la consigna “Para que no te pase”, que agrupó a víctimas de sucesos marcados, como Carolina Píparo, embarazada de nueve meses fue asaltada en una salidera bancaria y perdió a su bebé; y María Luján Rey -madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que falleció en la tragedia de Once. 

Impulsada por el Frente Renovador, una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos –con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.

También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.

A su vez, la autoridad que interviene en el caso quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.

El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.

Dentro de las modificaciones acordadas en el Senado, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.