Una declaración del presidente volvió a causar polémica. Esta vez, en una entrevista con el diario británico Financial Times: “Francamente, no creo en los planes económicos”, soltó. Inmediatamente, economistas y analistas financieros advirtieron lo inoportuno del contenido y el lugar de la afirmación. En momentos donde se negocia la reestructuración de la deuda externa argentina, declararse contrario a un plan económico puede ser contraproducente, ya que se descuenta que los acreedores esperan un plan que les garantice el pago de los bonos resultantes del canje. 

 

La deuda

Desde el inicio de las negociaciones y con los primeros acercamientos de Martín Guzmán hacia los bonistas, el reclamo de un plan económico estuvo siempre presente. Los tenedores de la deuda sólo firmarían un acuerdo una vez que el Gobierno presente un programa que ordene las cuentas públicas para garantizar su pago. Sin embargo, Alberto Fernández nunca presentó un plan y, contra este pronóstico, las negociaciones avanzaron. 

De hecho, se extiende un clima de optimismo sobre la proximidad de un acuerdo. ¿Cómo fue posible esto? El acercamiento entre las propuestas parece haber sido un factor más poderoso que la presentación de un plan. Según la consultora ACM, Guzmán fue cediendo unos u$s 16.000 millones en pagos futuros desde su primera oferta hasta la actual. En el mismo sentido se ubica el proyecto de canje de deuda bajo legislación local, que garantiza paridad de condiciones respecto a los bonos resultantes de la negociación en Nueva York. Pero además, hay un actor que aporta a una resolución pacífica del problema: el FMI.  

El FMI

El Fondo tiene un rol imprescindible, garantizar que Argentina “va a hacer bien las cosas”. Una vez firmado un acuerdo con los privados, Guzmán abrirá otra negociación: la reestructuración de la deuda con el Fondo. No existe negociación con el FMI que no termine con la firma de un programa económico. Es la forma que tiene el organismo de asegurarse que va a cobrar lo que le deben. 

En ese entonces, Fernández deberá discutir con el Fondo con un plan en mano. Caso contrario, el Gobierno deberá adaptarse a las exigencias de Kristalina Georgieva. Recientemente, Guzmán advirtió que su oferta hacia los acreedores privados no se moverá, debido a que no va a ajustar (más) a los jubilados para pagar. Sin embargo, el Fondo va a reclamar (entre otras) una reforma jubilatoria. Lo hizo siempre. Si Argentina no presenta un plan alternativo, es altamente probable que este sea impuesto por el directorio del organismo.

Chicanas

Más allá del problema de la deuda, la afirmación del presidente es una referencia obvia hacia el anterior Gobierno. La presentación de planes y objetivos con proyecciones numéricas y, en apariencia, científicas fueron una constante durante la presidencia de Mauricio Macri. Los pronósticos nunca se cumplieron y estallaron en 2018. Con sus declaraciones, Alberto Fernández quiere mostrar que la existencia de un plan económico no es garantía de que éste sirva para algo. 

Pero la cita completa del presidente es: “Francamente, no creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”. Veamos entonces los objetivos planteados por su gestión, claramente condicionada por la crisis económica precedente y el arribo de la pandemia del coronavirus. 

Objetivos 

Hace siete meses, el Gobierno planteó como elemento ordenador de la economía a la reestructuración de la deuda. No tuvimos oportunidad de conocer en qué consistía la economía albertista una vez despejado el default. Sin embargo, la aparición del coronavirus desbarata cualquier plan, público o no. De esta forma, el objetivo de la administración se centró en contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, en paralelo al problema sanitario, mientras se avanzó en la negociación con los acreedores.

Actualmente, el Gobierno se encuentra frente a una situación contradictoria: mientras aumentan los casos de Covid-19 y sus efectos económicos no dan señales de revertirse, analizan un achicamiento de las principales medidas lanzadas para contrarrestar la caída en la actividad: el IFE y el ATP. De esta forma, el Ingreso Familiar de Emergencia mutará en otro programa con un universo menor de beneficiarios. Por su parte, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción correría la misma suerte: un achicamiento en su alcance.

Esto ocurre porque el Gobierno financia estos planes con emisión monetaria, acorralado por el cierre de otras fuentes de financiamiento tradicionales. Es consciente que el aumento de la cantidad de dinero en circulación podría generar problemas inflacionarios a futuro. Al mismo tiempo, de cerrarse un acuerdo sobre la deuda externa en los términos vigentes, los pagos comenzarán el año próximo. De esta forma, el ejecutivo busca achicar el déficit fiscal con miras al 2021. Mientras Fernández anuncia que no dudará en hacer transferencias a quienes lo necesiten, discute con su gabinete formas para achicar el déficit incurrido para efectuar estos giros.  

Pero estos idas y vueltas no sólo caracterizan al Gobierno por la imposición de la peste ni de los acreedores internacionales. Se trata de una característica cada vez más evidente de la gestión de Alberto Fernández. 

Idas y vueltas

Con la llegada de la pandemia, el presidente se mostró tajante contra los “miserables” que despedían gente, en referencia a Techint. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo terminó avalando los despidos del grupo empresario. Entre marzo y mayo se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo (AFIP), pese al decreto antidespidos. Luego, Alberto Fernández anunció la intervención y un proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin. Como todos sabemos, no habrá expropiación y el futuro de la vaciada empresa todavía se está discutiendo en Santa Fe. 

El mandatario explicó el motivo de su retroceso sobre la agroexportadora: “pensé que todos iban a salir a festejar”, en cambio, “se pusieron a acusarme de cosas horribles”. Frente a los banderazos y manifestaciones contrarias a esta política, ensayó un acercamiento hacia estos sectores. De esta forma, se mostró en el acto del 9 de julio con la cúpula empresaria en primera fila, con el presidente de la Sociedad Rural a su derecha. 

Sin embargo, este intento de establecer otro rumbo con otros actores trajo cuestionamientos al interior de su coalición. En particular, la vicepresidenta Cristina Fernández aportó su opinión a través de una nota de Alfredo Zaiat en Página 12. Veremos si las disidencias, ahora internas, empujan a Alberto a un nuevo cambio de dirección.

Como vemos, el Gobierno tiene problemas para establecer objetivos. Cuando parece centrarse en uno, como el caso de los despidos, Vicentin o un impuesto a las grandes fortunas, vuelve sobre sus pasos o es eliminado del discurso oficial. Incluso con su principal objetivo, el sanitario, Alberto parece ceder: en momentos donde los datos sobre los contagios aparentemente se aceleran, se avanza hacia una flexibilización en las medidas de aislamiento.

Pero el martes pasado ocurrió un hecho que no debería pasar desapercibido. La reunión entre la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la cúpula de la CGT amenaza con avanzar hacia un plan propio. La cumbre resolvió una declaración de objetivos conjunta, a espaldas del Gobierno Nacional. De esta forma, ante la inexistencia del Consejo Económico y Social, otro anuncio nunca materializado, los grandes empresarios y representantes sindicales parecen establecer las bases de una mesa de discusión ajena al Estado.

La urgencia

Queda claro que en medio de una pandemia, la incertidumbre manda. El coronavirus se muestra implacable e impide a cualquier Gobierno del mundo presentar un plan económico “científico”. Cualquier proyección será incumplida en un marco mundial de rebrotes, confinamientos y aperturas. Hasta que no exista una vacuna que pueda poner fin al virus, y que sea aplicada masivamente, es imposible hablar de pospandemia.

Sin embargo, Argentina se encuentra en una situación particularmente delicada. La crisis económica y social es más profunda que en otros países del mundo, debido a que la pandemia nos encontró con una crisis precedente. La caída en la actividad económica acumula el 13,2% en los primeros cinco meses del año (Indec), la pobreza puede superar el 40% (ONU). La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dijo que “la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas” van a empeorar. Frente a este panorama, establecer objetivos, lineamientos, o el nombre que fuera, es fundamental para evitar una catástrofe. 

Lo urgente sería profundizar las medidas que ayuden a recuperar el ingreso de las personas más vulnerables a la crisis. En un contexto de agotamiento de las fuentes de financiamiento para hacer frente a estas medidas, la discusión que se desprende es cómo conseguir recursos. Para ello, no hay muchas más alternativas que afectar intereses particulares, por ejemplo, a través de un impuesto a las grandes fortunas. Sin lineamientos propios, corremos el riesgo de que el FMI imponga los suyos en las negociaciones que se vienen.