"Las sociedades pasan, los gobiernos caen, la policía es eterna". Leandro Aparicio cita al novelista francés Honoré de Balzac mientras repasa los acontecimientos de las últimas semanas que corresponden a la investigación por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
Tenía 22 años, y su rostro llegó a ser portada en decenas de medios de comunicación, muchos que comenzaron a reclamar por su vida, a denunciar y a poner "en agenda" la causa. El joven fue visto por última vez el 30 de abril, junto a efectivos de la Policía Bonaerense que lo detuvieron mientras intentaba llegar a Bahía Blanca para reencontrarse con su ex novia. En el marco de la cuarentena y argumentando el incumplimiento de la medida, las últimas imágenes muestran al chico de espaldas, y frente al patrullero. Desde ese día preguntamos: ¿Qué pasó con Facundo Castro?
De acuerdo al relevamiento más reciente (2019) llevado a cabo por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), "cada 19 horas el Estado asesina a una persona". Cada menos de un 24 horas es un hijo, una sobrina, un hermano, que falta.
"La policía tiene una franja etaria y social sobre los que se ensaña y Facundo era uno de esos chicos", menciona el abogado Aparicio a Filo.News. Facundo vivía en Pedro Luro, una localidad al sudoeste de la provincia de Buenos Aires donde la vía marca una frontera de clasismo que divide los estatus económicos de los habitantes. Imagen que visibiliza muy claramente el documental que la radio FM de la Calle quien lo viene realizando en tiempo real: el muchacho, activista por los derechos y la participación juvenil, ya era víctima de una persecución por parte de las fuerzas de seguridad que merodeaban el centro de sus reuniones, el Semillero Cultural y Jóvenes y Memoria, hasta incluso llegaron a clausurarlo en más de una oportunidad; uno de los episodios en que abusaban de su autoridad.
Las novedades del caso
"Ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro", la Comisión Provincial por la Memoria (querellante institucional), solicitó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunciando que el Estado argentino no investiga a fondo el caso.
Por otro lado, la jueza María Gabriela Marrón se niega a retener teléfonos de comisarios, oficiales y suboficiales de la Policía Bonaerense y a allanar las sedes policiales donde ya se encontraron objetos y rastros de ADN compatibles con Facundo.
En la misma línea -detalles y procedimientos que se encarga de explicar el periodista Daniel Satur, editor de La Izquierda Diario y dedicado al seguimiento de las causas de derechos humanos y lesa humanidad en sus recientes notas- la jueza buscó desacreditar de plano las pericias de Marcos Herrero y su perro Yatel (quien halló el amuleto con forma de sandía de Facundo en una de las celdas). "La vasta experiencia de Herrero en casos resonantes de desapariciones forzadas de personas, logrando hallar lo que peritos policiales y judiciales no hallaron o no quisieron hallar, lo debería eximir de todo cuestionamiento. Pero eso a Marrón no le interesa", escribe el periodista. Recordemos que Herrero fue clave en múltiples causas de desaparición, y entre ellas fue quien ayudó a Mónica Cid a encontrar el cuerpo de Micaela Ortega, víctima de Grooming seguido de femicidio, caso precedente en Bahía Blanca y el país.
Antecedentes con rostros y familias: ¿para entender el caso Facundo hay que revisar los casos anteriores?
Si nos basamos en la estadística anterior, son muchísimas las personas que pierden la vida en circunstancias que ubican a las fuerzas de seguridad y al Estado como principales sospechosos. Y muchos de estos casos ni llegan a ubicarse entre los temas principales de los medios de comunicación. Por este motivo, la desaparición de Facundo no debe entenderse como un caso aislado sino empezar a denunciar cómo funciona la dinámica que se activa en estas situaciones.
En esta nota, puntualizamos sobre tres casos sumados al del joven de Pedro Luro: Daniel Solano, Sergio Ávalos y Katherine Moscoso; víctimas que aún buscan su resolución en la Justicia. ¿Qué tienen en común estos casos y por qué es necesario revisar siempre nuestra historia?
En principio el trabajo de Leandro Aparicio como abogado de cada una de las familias. "Hay un protocolo que se activa después que pasan hechos como estos. Cada uno tiene su particularidad pero existen patrones comunes", expresa.
Daniel Solano era un trabajador golondrina salteño que fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en la localidad Choele Choel (Río Negro), noche en que la Policía lo sacó a la fuerza de Macuba, el boliche en el que se encontraba. Desde allí no se lo volvió a ver. Horas antes, Solano había convocado a sus compañeros para pedir el reintegro de su salario a Agrocosecha la empresa tercerizada para la que trabajaban, debido a que no fue el acordado (sumado a la precarización a la que los sometía). El trabajo de familiares y abogados logró la condena de siete policías a prisión perpetua, que sin embargo en su apelación llegaron a la Corte, la Corte no trató ese expediente, es decir que estos policías aún andan por la calle, trabajando con armas como si nada pasara.
A Sergio Ávalos se lo vio entrar pero nunca salir de El Fuerte-Las Palmas, la bailanta más famosa de Neuquén, ciudad a la que había llegado para estudiar la carrera de Contador Público Nacional. El boliche estaba custodiado por miembros del Ejército. Fue el 14 de junio de 2003 y a 17 años, su padre de 87 años y la hermana del joven siguen pidiendo "justicia". La causa en manos de los abogados Aparicio y Sergio Heredia (quienes también trabajan en el caso Solano) y se está evaluando la responsabilidad de los integrantes del ejército que en ese momento eran los custodios del boliche.
El crimen de Katherine Moscoso lleva cinco años de impunidad. La joven de Monte Hermoso y quien tenía un leve retraso madurativo, fue vista por última vez el 23 de mayo de 2015 cuando estaba en el boliche Arenas; un femicidio relacionado con "hijos del poder". El cuerpo de la chica es hallado días después en un lugar que ya había sido rastrillado y la autopsia determina "que murió de asfixia, fue golpeada y sepultada cuando aún estaba con vida". Su tío Ezequiel, día a día actualiza una publicación de Facebook con todos los detalles del caso.
"Todos tienen en común que la sospecha recae en las fuerzas militares, policiales o de seguridad. Son claramente hechos de la llamada violencia institucional, que con los sectores que me referencio preferimos decir represión estatal para no andar con eufemismos", asegura la periodista y docente Adriana Meyer, quien sigue los casos desde Página 12.
Su trayectoria recorriendo los pasillos de Comodoro Py y casos de corrupción, caso AMIA, la venta de armas que tuvo preso al ex presidente Carlos Menem, la "Mafia del oro"; hasta la cobertura en casos de desaparición y el plan sistemático de robo de bebés en la última Dictadura Militar, entre otras, la llevaron a comprometerse en causas en las que "es el Estado jodiendo a las personas que luchan, a los pibes pobres y morochos".
"Los tres casos están relacionados con un boliche con particularidades, el de Neuquén custodiado por militares, el de Choele Choel con mucha cocaína, pero en un contexto de trata de personas mediante la que habían estafado a Daniel y compañeros. Y en el caso de Katherine, vamos a ser un poco condescendientes con la policía porque no tuvieron que ver con el femicidio pero sí encubrieron e hicieron todo para salvar al hermano del intendente (Martín Fernández), al patovica y a todo el pueblo narco que es Monte Hermoso", sostiene Aparicio.
"Katherine está re bien se fue con una amiga, ¿qué, la noche? nada que ver", relata el abogado para contextualizar la odisea hasta dar con el cuerpo de Moscoso. Eso fue al mediodía. A las 19.45 empiezan a llamar a los inspectores del centro de monitoreo en los que están todas las cámaras, amenazándolos: "si decían lo que vieron los iban a matar". A las 22 aparece el cuerpo luego de una semana. No es lo único que se incendia: ese dia prendieron fuego la comisaria, oficinas de la municipalidad y también la casa de Ricardo Triches (donde estaba el centro de monitoreo) un ex comisario que estaba en Miramar cuando la asesinaron a Natalia Melman. "Es muy difícil de contar y más de creer", expresa Aparicio y suma el caso de Angelito Aymada, un chico que tocaba la sinfónica en su pueblo Ingeniero White, "lo tiraron de un puente y lo hicieron aparecer como suicidado. Están imputados un comisario, un ex comisario, y todos están trabajando". "Verónica Heredia (abogada de la familia de Santiago Maldonado) me dice 'no los digás todos juntos porque no te creen'", agrega.
"Una similitud importante entre los casos Solano y Castro"— complementa el periodista Satur — "es que en el momento en que las familias se plantan en la calle frente a una comisaría y dicen 'quiero que me digan qué pasó con mi hijo' se activa un manual de operaciones de encubrimiento y desvío de la causa".
"En todos los casos de represión estatal incluso está en la tipificación jurídica de los delitos que se pueden cometer en ese contexto: el encubrimiento. El desviar es parte del proceso de quienes cometen violaciones en el ejercicio de su función pública, es un denominador común. Ocurre porque la fuerza sospechada busca impunidad, no quiere perder su puesto de trabajo o quiere seguir matando, torturando o desapareciendo gente. Recordemos que la Policía es el brazo armado del Estado en la calle. En el caso de Florencia Morales se dijo que se suicidó, lo mismo con Luis Espinosa que se encontró el cuerpo pero lo tiraron en un barranco los policías", detalla Meyer.
La periodista profundiza en dos de estas estrategias de encubrimiento: ubicar a la víctima geográficamente lejos del lugar en el que se produjo el crimen (Katherine estaba con una amiga en Entre Ríos, Facundo en Bahía Blanca con la novia) y por otro lado crear un manto de sospecha sobre las familias (a Facundo se lo vinculó -y a la familia de su novia también- con el narcotráfico). "El 'por algo será de la Dictadura' trasladado a nuestros días, con impunidad y con medios de comunicación amigos", afirma.
La cobertura mediática: ¿cómo se cubre un caso de desaparición en democracia y qué lo vuelve "de agenda"?
"Ante todo, cuando se habla de la desaparición forzada de una persona se está hablando de uno de los delitos más complejos de investigar tanto en el terreno penal como en el terreno de investigación periodística y también en la labor que siempre llevan adelante los organismos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil que justamente abordan estas cuestiones", comienza a desarrollar Daniel Satur, quien lleva 20 años trabajando y acompañando a organismos de derechos humanos.
"Cuando uno dice 'desaparición forzada' te viene la Dictadura a la cabeza pero si vos decís que entre el año '83 en adelante hubo más de 200 personas que se contabilizan como desaparición forzada, más otra cantidad de la que no hay un número porque quedan en mera búsqueda de paradero, alguien se pone a pensar: ¿qué habrá quedado de eso?", reflexiona.
"Mi permanente batalla, o insistir, tiene que ver precisamente con trabajar los casos cuando están en agenda y cuando no seguir trabajándolos y otros que me entero, ponerlos en la agenda", menciona Meyer, por su parte, quien hace una salvedad interesante al considerar cuál es la agenda, porque cada medio trata de establecer la suya.
¿Qué lleva a un caso a los medios? Múltiples son las respuestas. "Yo tomo la realidad y la visión del mundo en el marco de una sociedad dividida en clases sociales, entonces no es causal que la mayor cantidad de víctimas de la desaparición forzada sean parte de las clases populares, de los sectores más vulnerados y explotados, ni tampoco que los Estados que defienden y que sostienen el esquema capitalista se manejen mediante fuerzas represivas. Desde ese marco para mí hay dos cuestiones: por un lado un caso va a ser más o menos ubicado en la agenda en la medida en que los grandes medios de comunicación -que tienen un poder enorme de influencia para instalar la agenda propiamente dicha- acepten tomar los casos. Aunque también pasa (y eso es muy común que grandes empresas periodísticas) que toman un caso durante un determinado tiempo; el caso no se resuelve y lo dejan. Entonces, ahí entra un segundo aspecto: la capacidad de los que están del lado de las víctimas: de los periodistas, de las familias, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas que tratan de buscar la verdad y la justicia. Es fundamental el rol que vienen desempeñando Cristina Castro y la querella", aporta Satur.
Estar del lado de las víctimas, y el posicionarnos como comunicadores, se vuelve un punto de partida clave: entender que debemos informar y generar material desde la mayor objetividad, sin que esto implique "neutralidad", diferenciación que hacen Satur y Meyer.
"En el caso Facundo se desarrolló un círculo virtuoso que tenía particularidades muy fuertes: el encubrimiento fue muy burdo con lo cual había mucho material para trabajar y el equipo que conforman Cristina, sus abogados y la perito Creimer es una topadora. Influye mucho que esté la figura de Leandro Aparicio, (con alguna excepción) ningún familiar llegó a ser recibido por un presidente", afirma la periodista en relación a la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández en la que Cristina dijo que le creía.
"Le dije al señor presidente, que fue amable y nos recibió en Olivos, que como abogado tengo la obligación de decirle que estamos denunciando al Estado del cual es Jefe de Estado y creo que como abogado lo entendió. Creo que algunas de las cuestiones que le planteamos, quizá por él, a la larga se resolvieron", detalló Aparicio.
"¿Por qué el caso de Facundo llega a los medios? Yo creo que hay cuestiones que lo vuelven llamativo y ya después todo se desborda. Cristina es la vara hoy de los derechos humanos en la Argentina. Es una voz muy clara, una persona a la que han tratado de comprar, que siempre lo intentan porque lo más perverso de todo cuando meten en el Estado a familiares de víctimas de desaparición para generar impunidad", añade e identifica operaciones de medios como La Brújula y La Nueva Provincia, algunos de los que se posicionan para encubrir a las fuerzas de seguridad, funcionarias y funcionarios.
"Entiendo que en la desaparición de Santiago Maldonado hubo un aprovechamiento político porque esas personas no se manifestaron por Solano ni tampoco por Jorge Julio López o Luciano Arruga. Se da la paradoja de que salieron a pedir por un desaparecido que era anarquista y se quedan calladitos con uno que era de su propio movimiento", señala.
¿Qué pasó con Facundo?
Aparicio dice que no cree en los amuletos pero sí en las palabras de Cristina Castro. Un domingo, reunidos en la casa de su colega, el abogado Luciano Peretto en Pedro Luro; la madre de Facundo se la regaló: una pulsera que hoy lleva en su muñeca. "Cristina me dice que tengo que dejar desarrollar mi espiritualidad", cuenta con una sonrisa.
Y da fe de ello. "Hay saberes que ella tiene, y supo ese 17 de junio que a su hijo lo mataron. Antes no lo sabía, sólo era una creencia pero desde ese día sí", señala. Facundo llevaba desaparecido casi dos meses. Ese miércoles testigos se comunicaron para decirle que habían llamado a la comisaría de Pedro Luro y que les habían dicho que el chico ya estaba en Bahía Blanca. Cabe recordar que el joven nunca llegó a esa ciudad. Sus abogados ubican la zona del crimen entre Mayor Buratovich y Villarino Viejo.
El trabajo de la familia y la defensa, permitirá que sigan destrabándose las barreras para conocer la verdad. Hasta el momento, los datos están y también debemos ser prudentes con la información que se aporta y no ahondar en especulaciones.
"Fue un mandato: 'Andá a cagarlo a palos porque se está yendo a Bahía'", sostiene Leandro Aparicio quien detalla que la policía bonaerense suele llevar a sus víctimas a Cabeza Buey a "expiar sus pecados".
A mediados de abril, la jueza Marrón autoriza el sistema de actas volantes, que habilita a que no haya registros escritos de dichos documentos, porque "no quería recibir papeles por el Covid-19 y no recibía ninguna de las causas". El acta de la detención de Facundo aparece el 26 de junio (con fecha de ese día) luego de que Aparicio, Peretto y Cristina se presentaran ante la fiscalía.
"Te encuentran, te hacen un acta y seguís para no tener que llevarte a la comisaría o bajarte si te hacés el pajero", menciona, en relación al mensaje que difundió Castro en sus redes sociales, sobre la conversación entre dos policías al detener a su hijo.
Ese 30 de abril, Facundo partió para Bahía Blanca y se encontró con los uniformados. "En ese momento, como dice Cristina, no se habrá dejado detener", menciona Satur y sostiene que la respuesta la tienen la Policía Bonaerense, el ministro de seguridad bonaerense, Berni, el gobernador Kicillof, el presidente Fernández, la ministra de seguridad de la Nación Sabina Frederic y la Justicia Federal.
Según los datos de Aparicio, Facundo habla a las 13.30 hs de ese jueves con su mamá y dice: 'No sabés donde estoy, no me vas a ver nunca más'. A las 15.30 lo ubican camino a Bahía Blanca con la Policía, luego tirado en Origone. Origone y Cabeza de Buey son localidades que están próximas una de la otra, sin embargo, el abogado explica que es "prácticamente imposible ir caminando: tenés que hacer es volver a la ruta, pasar por el kilómetro 714 y entrar en Villarino Viejo y ahí es donde entra el Toyota Etios de la Policía Bonaerense".
Testigos lo vieron ingresando al patrullero. Testigos lo identificaron horas después al borde de la banquina. El caso deja a la vista más de una incongruencia, y entre ellas la aparición de los restos esqueletizados de su cuerpo 107 días después y con una zapatilla impecable, dentro de un cangrejal en Villarino Viejo, zona que ya había sido rastrillada exhaustivamente. Y no menor, la huella de una camioneta 4x4 en el lugar, por lo que Cristina dirá: "Cambiaron los Falcon por las Hilux".
"La zapatilla que les complica toda la trama encubridora" —asegura Aparicio— "Les jode a todos estos antropólogos, porque ellos hacen lo que pueden para desviar. Para mí, esto opinión personal, es un mensaje de la Policía: 'Sí, fuimos nosotros, ¿y qué?'. Tanto para la fuerza, para Axel Kicillof y obviamente para Berni.
Como mencionaba antes, las incongruencias son varias. Desde el minuto que levantaron los restos del lugar, la perito de parte Virginia Creimer, médica y perita designada por las querellas, denunció irregularidades en el procedimiento. "El día que apareció el cuerpo (15 de agosto), que nadie sabía si era o no el de Facundo, Berni le dijo a periodistas amigos -que después lo publicaron- que era él y que al lado estaba la mochila; la mochila no estuvo", señala Satur.
El 25 de agosto los exámenes de ADN efectuados por el Equipo Antropólogo de Antropología Forense (EAAF) confirmaron la identidad de Facundo. Y entre los últimos avances, los resultados de la última autopsia determinaron que la muerte del joven sucedió por "asfixia por sumersión (ahogamiento)", especifica que "se trató de una muerte violenta, por no ser natural" pero no puede determinar si fue o no asesinado.
Incluso, cuando la perito Creimer llegó a firmar el último informe por la autopsia, entregado a la jueza Marrón, sufrió mobbing en la reunión con los peritos de la Corte Suprema y del EAAF al cuestionar aspectos del informe que ya tenían previamente elaborado sin haber convocado a la parte querellante a participar de las conclusiones del mismo; dirá: "Fue un falso ateneo". Tras una serie de apelaciones, firmó en disconformidad.
"Estamos mejor, fortalecidos. Hay cosas que no puedo decir. Tenemos expectativa de que florezcan muchas de las cosas que hemos sembrado. Puede haber novedades en breve. Es muy intenso todo lo que pasa pero estamos confiados en que vamos a llegar a la verdad, tal vez nos demoremos un poquito porque vamos a ir por todes. Policías, hombres y mujeres de Villarino, policías de Bahía Blanca, dos periodistas, funcionarios de la municipalidad de Villarino. Es un rompecabezas que se fue armando y hay que ir completando la prueba", sostiene el abogado que trabaja en conjunto con Peretto, la querella de la Comisión Provincial, Margarita Jarque, y la perito Creimer.
"'¿Vamos a ir contra todo el mundo?', me dijo Lucho cuando comenzamos a trabajar el caso. 'No, contra todo el mundo no sólo contra los que tengamos que pelearnos'", anécdota a partir de la que empiezan a destapar un entramado de encubrimiento mediante el que señalan no sólo el accionar de las fuerzas de seguridad bonaerense, sino la responsabilidad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, y decenas de funcionarios y funcionarias.
"En la foto se lo ve de espaldas, es muy probable que estuviera esposado. Es muy probable que lo hayan golpeado y largado de nuevo a la ruta y que esos golpes hayan hecho que cayera ya que luego lo vieron testigos" —aporta Meyer— "No me parece lógico, después de haber investigado todo lo que sé sobre su vida, que se haya accidentado, esa acción es muy ridícula pero más aún es que se haya suicidado".
"Fue víctima de un abuso policial, causa de su muerte que todavía no sabemos en qué momento ocurrió. A partir de ahí se aplica un protocolo de desaparición propio de todas las policías, que afortunadamente han dejado huellas que permiten acreditar lo que estamos diciendo y llegar al final que creemos que es la detención de todes. Estamos esperando con mucha ansiedad medidas de pruebas que celebro que se produzcan en breve y que nos van a permitir avanzar", finaliza Aparicio.