La repudiable práctica del bullying no deja de causar estragos en la sociedad. No obstante, esta vez un fallo inédito sorprendió a dos adolescentes -y al país entero- tras ser denunciadas por maltratar a una compañera. 
Dos hermanas de 13 y 14 años fueron sentenciadas a leer "El Diario de Ana Frank"&nbsp;para, posteriormente, exponer frente al aula su interpretación sobre ese material literario que, de no estar disponible, lo deberá proveer el Ministerio de Educación provincial. 
La juez de menores, Cristina Pecoraro, fue la autora de esta condena sin precedentes, quien consideró que "las tres son víctimas" y solicitó al Poder Ejecutivo provincial que garantice la contención social para las familias involucradas. 
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 <img alt="Casilda, Santa Fe" data-height="405" data-size="w:2810,h:1425" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/11/30/casilda.jpg_813522578.jpg" title="Casilda, Santa Fe" vspace="5"> 
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 El hecho tuvo lugar en la localidad de Casilda, Santa Fe 
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Las hermanas&nbsp;deberán concurrir hasta fin de año, en horario vespertino, a la biblioteca de la Escuela Aristóbulo del Valle de Casilda para ayudar en diferentes tareas e incursionar en la lectura con fines educativos. 
La medida, que no tiene precedentes en el fuero penal juvenil y que quedó firme al no ser apelada, apunta a velar por el bienestar general de los menores involucrados haciendo especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al Estado para prevenir situaciones de conflicto como la ocurrida. 
La jueza arribó a tal conclusión tras una puntillosa investigación que dejó al descubierto necesidades insatisfechas en ambos grupos familiares, y que consideró necesario atender, al margen de lo dispuesto como acción correctiva hacia las chicas denunciadas por el violento hecho. 
<h2>El desencadenante</h2> 
El episodio, ocurrido hace 3 semanas, al ser cometido por menores no es punible, y habría sido el corolario de una serie de situaciones indeseadas por la víctima, que antes de ser agredida y lesionada venía siendo insultada y amenazada con que golpearían a su madre. 
Al parecer, el hecho desencadenante de la denuncia&nbsp;se produjo en una plaza, donde las agresoras hirieron a la víctima con un ladrillo. Al tomar conocimiento del caso, la mamá de la agredida radicó la denuncia, y así intervino la Justicia. 
<h2>El fallo</h2> 
Además de disponer acciones destinadas a mejorar el comportamiento y la integración social de las agresoras, Pecoraro fue más allá al involucrar al Estado para que, además de las obligaciones de competencia educativa a través del área correspondiente, garantice una mejor calidad de vida para ellas y su núcleo familiar, que componen junto a su madre y otras 3 hermanas, una de las cuales discapacitada". 
La misma asistencia requirió emplazamiento mediante a los organismos pertinentes, para la víctima y su madre que desde hace tiempo residen en el Hogar Padre Manuel de Casilda en condiciones que la jueza evaluó como "poco dignas". 
"Más allá de las responsabilidades sobre el hecho estamos en presencia de un caso donde todos las personas involucradas son víctimas de una situación de vulnerabilidad social que implica que el Estado se haga cargo y arbitre los recursos necesarios para responder en consecuencia", aseguró&nbsp;la jueza casildense tras notificar este miércoles 19 de noviembre su resolución a todas las partes. 
"Si bien es importante que las chicas pidan disculpas en compañía de su madre a la víctima y todos los séptimos grados de la escuela, al curso por su actitud y cumplan con las otras medidas impuestas, resulta fundamental apelar a la responsabilidad del Estado para que articule los medios y ayude a ambas familias que viven en condiciones desfavorables y no dignas como merecen", dijo la jueza. 
Para Pecoraro "es necesario hacerse cargo desde el lugar que nos corresponde si es que queremos rehabilitar de verdad y pensar en una sociedad que incluya y vele por derechos elementales como son, en este caso, una ámbito habitacional adecuado además de contención psicológico y de otro tipo". 
La jueza detalló en el fallo que "es obligación de los servidores públicos, personal docente y administrativos, así como de los padres y de la sociedad, dar una respuesta eficaz, oportuna y responsable a fin de que reflejen el respeto a la vida, a la integridad de las personas, de su dignidad y sus derechos, rechazando la violencia y todo tipo de agresiones y en adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento entre pueblos y entre grupos y personas".

El fallo no tiene precedentes y quedó firme al no ser apelado |

La jueza de menores de la localidad santafesina de Casilda conden&oacute; a las j&oacute;venes y sent&oacute; las bases de una jurisprudencia sin precedentes

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Inédita sentencia a dos adolescentes por hacerle bullying a una compañera

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