Las fotos de tres menores mendocinos estaban publicadas en el perfil de una persona adulta, aunque ellos no querían que esas imágenes permanecieran ahí. Hace casi dos años los chicos y sus padres contactaron a una abogada, ganaron un juicio y ahora Facebook deberá retirar el material. Esos son, en líneas generales, los principales ejes de un fallo de la Justicia Federal de Mendoza que no tiene antecedentes en el país. 
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Para la abogada Bárbara Peñaloza -que llevó adelante la demanda- la situación es inédita porque el juicio “se llevó a cabo contra Facebook Argentina SRL y no contra su casa matriz de los Estados Unidos”. En consecuencia, la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza resolvió, a través de los jueces Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Rafael Porras, que la filial local representa a la multinacional en nuestro país. Es decir que debe someterse a la legislación local. 
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 “Facebook Argentina SRL no puede eludir las mandas judiciales impuestas alegando que carece de facultades para ello, por lo que la firma debe hacer conocer y cumplir las resoluciones judiciales notificadas al domicilio por ella constituida en el país”, afirma la resolución. 
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Peñaloza aclaró que actualmente no se permite la publicación de fotos sin la aprobación expresa de las personas; y aún en caso de que se haya dado el consentimiento, este siempre es revocable. “Nosotros no pudimos establecer contacto con la persona que era dueña del perfil en el que estaban las fotos de los chicos, por eso tuvimos que ir directamente contra la plataforma”, explicó. 
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La cámara de Mendoza exigió aportar las direcciones de las imágenes en cuestión. Con los links en poder de la justicia, se obligará a la plataforma a eliminar esas direcciones. Y la medida sienta jurisprudencia: hasta ahora, Facebook Argentina se negaba a escuchar este tipo de reclamos, señalando que la filial local solo se ocupaba de la publicidad y no tenía injerencia en la gestión de contenidos.

B&aacute;rbara Pe&ntilde;aloza, abogada y especialista en derecho inform&aacute;tico, dice que sus defendidos lograron un triunfo sin precedentes.

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Inédito: la justicia de Mendoza obligó a Facebook a retirar fotos de menores

Redes sociales

A pesar de que la última dictadura cívico-militar concluyó hace 42 años, los fallos que remiten a ella continúan reproduciéndose. 
En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió rechazar el fallo que ratificaba la absolución de dos militares acusados de fusilar a tres presos políticos que mantenían cautivos en Córdoba, en el invierno de 1976. 
<h3>También te puede interesar:&nbsp;<a href="https://www.filo.news/actualidad/Victimas-de-la-dictadura-Entregan-legajos-de-alumnos-y-graduados-de-la-UNLP--20180325-0012.html" target="_blank">Víctimas de la dictadura: Entregan legajos de alumnos y graduados de la UNLP</a></h3> 
Se trata de&nbsp;Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72, quienes, en 2010, fueron juzgados junto al dictador Jorge Rafael Videla y el represor&nbsp;Luciano Benjamín Menéndez. 
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 <img alt="Exhortó al Poder Judicial a hacer una autocrítica | " data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/03/06/lorenzetti_1.jpg_751523899.jpg" title="Exhortó al Poder Judicial a hacer una autocrítica | " vspace="5"> 
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 Lorenzetti, Highton de&nbsp;Nolasco y Rosatti&nbsp;revocaron la absolución 
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Ambos habían sido beneficiados&nbsp;con la absolución en primera y segunda iinstancia, rechazada ahora por el máximo tribunal argentino. 
Con los votos a favor de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, y el voto en disidencia del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió –el pasado martes 10 de abril– "declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y por la querella, y dejar sin efecto la sentencia en cuanto confirmó las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga en relación a los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo. 
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 <img alt="" data-height="453" data-size="w:600,h:453" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/03/24/videla_militar.jpg_85417851.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Los acusados, cuya absolución fue revocada, habían sido juzgados junto a Videla en 2010 
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Asimismo, en el fallo se establece que "por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido".&nbsp;Se trata de una decisión inédita en juicios por crímenes de lesa humanidad. 
Por su parte, el fiscal Maximiliano Hairabedián&nbsp;anticipó al diario Página 12 cómo continuará la situación judicial, revelando que "no se hará un nuevo juicio" y que,&nbsp;a partir de la decisión de la Corte, "una sentencia condenatoria podrá ser dictada por un Tribunal Oral o por una sala de la Cámara de Casación". 
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 <img alt="Maximiliano Hairabedián" data-height="480" data-size="w:645,h:480" data-width="645" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/16/fiscal.jpg_119207712.jpg" title="Maximiliano Hairabedián" vspace="5"> 
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 El fiscal Maximiliano Hairabedián anticipó cómo seguirá el curso de la causa | Foto: Twitter 
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En tanto,&nbsp;Raquel Altamira, viuda de&nbsp;Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), declaró: "Estoy muy contenta. En este contexto que estamos viviendo no me lo esperaba. Pasaron siete años desde esa tarde terrible. De ese mazazo para mi familia y las de los compañeros de muerte de mi marido". 
Narvaja&nbsp;(h) fue fusilado a los 35 años junto a Gustavo Adolfo de Breuil, de 23, y Arnaldo Higinio Toranzo, de sólo 19.

El m&aacute;ximo tribunal argentino pidi&oacute; que dicte una nueva condena para V&iacute;ctor Pino Cano y Osvaldo C&eacute;sar Quiroga

La Corte Suprema revocó la absolución de militares que operaron en la dictadura

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Esta es una&nbsp;condena ejemplar&nbsp;en la que por primera vez en la Argentina&nbsp;se condenó a un intendente y a un comisario por su participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Así lo informó&nbsp;<a href="http://www.fiscales.gob.ar/trata/condena-por-trata-a-un-intendente-es-un-precedente-judicial-muy-valioso-para-todos/">www.fiscales.gob.ar</a>. 
Los funcionarios públicos - el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el comisario Carlos Alanis- recibieron la pena de cinco años de prisión, al igual que el dueño del prostíbulo, Carlos Fernandez. Además, los magistrados condenaron a dos años de prisión a los encargados del boliche Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs. 
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 Imagen ilustrativa │Foto: Shutterstock 
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El caso salió a la luz luego de varias denuncias realizadas entre el año 2008 y 2009 respecto a una serie de irregularidades en el local nocturno llamado “Good Night”, ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay.&nbsp; 
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 “Estamos muy contentos porque es un muy buen precedente para la Argentina ya que no hay antecedentes de condenas a intendentes en la región",&nbsp;sintetizó Colombo 
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En tanto, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, Jorge Bonvehi, quien actuó en el juicio oral, coincidió plenamente con Colombo en cuanto a la trascendencia del fallo. Asimismo, resaltó que los dichos de las víctimas "fueron determinantes para demostrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual". 
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 Imagen ilustrativa │Foto: Shutterstock 
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<h2>Sacar a las víctimas de la indefensión</h2> 
“La elevación a juicio fue por seis víctimas. Sin embargo, solamente fueron localizadas tres para comparecer al debate oral. La tarea de contactarlas no fue sencilla ya que había pasado bastante tiempo. Lo más importante fueron sus dichos ya que ellas confirmaron la existencia del delito de trata”, detalló Bonvehi. 
Otra característica de este caso, es que quedó claro cuáles eran las condiciones a las que eran sometidas las víctimas. La mayoría de las mujeres declaró que llegaron a “Good Night” a través de una falsa oferta laboral y, una vez allí, se encontraban con un panorama totalmente diferente. 
“Lo que se ve habitualmente en estos casos es que muchas de ellas tenían la prohibición de salir del lugar. Lamentablemente, acá dependía del carácter de la víctima. Las que tenían más confianza tenían mayor libertad”, describió Bonvehi. 
"Era llamativo que les hicieran exámenes ginecológicos a las mujeres cuando el lugar estaba habilitado como salón de baile", indicó el fiscal Bonvehi. 
“El policía no podía ignorar lo que pasaba. Además, varias víctimas dijeron que iba frecuentemente al lugar, aunque él alega que era por las inspecciones que debía realizar. Esto ponía a las víctimas en un lugar de indefensión total ya que no tenían a quien recurrir si el policía, que debería protegerlas, iba al lugar y conversaba con el dueño”, añadió Bonvehi. 
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 <img alt="" data-height="326" data-size="w:488,h:326" data-width="488" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/07/03/rogerrr.jpg_927279640.jpg" title="" vspace="5"> 
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 El intendente de Lonquimay, Luis Rogers 
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<h2>El fallo condenatorio</h2> 
“Es un precedente judicial valiosísimo para todos. Me parece que reivindica al poder judicial y la actuación de otros jueces que han podido ver el caso en el marco de un debate donde la prueba se lleva adelante de la manera más amplia posible. Ellos mismos han determinado penas severas para todos los imputados, en este caso, para el comisario que estaba encargado de la jurisdicción donde estaba este prostíbulo y para intendente que también tenía probadas conexiones con el proxeneta y con el comisario”.

El intendente de Lonquimay, Luis Rogers │

Todo comenz&oacute; en 2008 cuando varias v&iacute;ctimas decidieron denunciar las irregularidades que se daban en el local nocturno llamado “Good Night”, ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay

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