El jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro&nbsp;fueron exhortados a brindar información sobre contrataciones en el Estado, además de ciertas transferencias de recursos a través de instituciones y la construcción de jardines de infantes. 
Fue la&nbsp;titular del GEN y ex diputada nacional Margarita Stolbizer&nbsp;quien, basándose en la Ley de Acceso a la Información, solicitó informes sobre algunas actividades en particular de la administración pública. 
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Ya el pasado lunes 7 de mayo, la ex legisladora, luego de enterarse que el Boletín Oficial de ese día presentaba en su mayor parte designaciones de funcionarios, se había quejado sobre esta situación. 
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 <img alt="Margarita Stolbizer│Foto: NA" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/01/20/margarita_stolbizer2.jpg_751523899.jpg" title="Margarita Stolbizer│Foto: NA" vspace="5"> 
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 Margarita Stolbizer&nbsp;fue quien realizó el pedido│Foto: NA 
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"No parece que el déficit sea el problema, entonces. El achicamiento es para despedir técnicos y profesionales de distintos organismos y nombrar a los propios. Sigue el estado siendo el botín de quienes lo manejan. Sigue faltando transparencia en el manejo de los recursos públicos", había expresado en aquel entonces. 
Parece que inspirada por esta cuestión, Stolbizer&nbsp;requirió a Peña información sobre la contratación de abogados o estudios jurídicos externos para representar al Estado, una decisión aprobada por la Procuración del Tesoro nacional -según la resolución 34/2018- y datos sobre los letrados contratados, el monto de esos contratos, su vigencia y los motivos por los cuales se acudió a ellos. 
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 <img alt="" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/05/03/marcos_pexa_jpg_525981578.jpg_751523899.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Peña deberá presentar información sobre contrataciones a abogados y estudios jurídicos&nbsp; 
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En tanto, a Finocchiaro&nbsp;se lo apela a presentar el listado de&nbsp;casas de estudio y centros que integran el "Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas",&nbsp;las autorizaciones especiales para la realización de esos acuerdos, los objetivos y límites en general. 
"Mientras sobreabundan los anuncios y ajustes relacionados con el achicamiento del déficit fiscal, se observan gastos no siempre justificados en contrataciones para actividades que se podrían resolver con el mismo cuerpo de profesionales con que cuenta el Estado", argumentó la ex candidata a presidenta en su presentación. 
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 <img alt="El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro | Foto: NA" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/06/1489344847170312012_1.jpg_751523899.jpg" title="El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro | Foto: NA" vspace="5"> 
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 Finocchiaro&nbsp;fue consultado por la construcción de jardines y transferencias de recursos&nbsp;| Foto: NA 
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"Al inicio de su gestión, el presidente Mauricio Macri anunció que se restringirían los mecanismos de desvío de recursos a través de las universidades, de los que el gobierno anterior hizo abusos incurriendo en maniobras delictivas; advertimos que siguen existiendo y no se conocen las limitaciones y controles", cuestionó. 
Stolbizer también exigió explicaciones sobre la presunta construcción de 3.000 jardines de infantes, de los que "a mediados de 2017&nbsp;sólo se habían construido 100" y cuyo plan luego cambió a un "programa&nbsp;de aulas, es decir agregar aulas donde ya existen jardines de infantes". 
Así fue que entonces solicitó datos sobre el avance del nuevo programa, los pliegos y adjudicaciones ya realizadas, los contratos, adelantos y la cantidad de aulas construidas y su lugar geográficos.

La l&iacute;der del GEN Margarita Stolbizer solicit&oacute; informes a los funcionarios sobre recientes designaciones, transferencias de recursos y construcci&oacute;n de jardines de infantes

Piden información a Peña y Finocchiaro sobre contrataciones en el Estado

CORRUPCIÓN

La&nbsp;Defensoría del Pueblo porteña alerta&nbsp;a los consumidores por una práctica preocupante y cada vez más común: el intento de estafadores por cobrar deudas inexistentes o ya prescriptas. 
"Hay bastantes reclamos por estas prácticas, que son contrarias a la ley de Defensa del Consumidor. En general son deudas prescriptas, que tienen más de 8 años y la gente no está obligada a pagar", explicó Gerardo Guglielmotti, director del área de Derechos del Consumidor de la Defensoría del Pueblo porteña. 
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 <img alt="Llamada" data-height="1200" data-size="w:3744,h:5616" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/18/02j85240.jpg_1250606894.jpg" title="Llamada" vspace="5"> 
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 Los expertos recomiendan no pagar, por más que insistan | Foto: Stock Photo 
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La modalidad, prohibida por la&nbsp;Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en general abarca presuntas deudas de&nbsp;servicios de telefonía celular, cable, compra de electrodomésticos o tarjetas bancarias. Los llamados provienen de&nbsp;estudios jurídicos que amenazan con embargos o intimidaciones para intentar cobrar la aparente&nbsp;morosidad. 
Guglielmotti&nbsp;apuntó que la mayor cantidad de reclamos se da por deudas con "Telecom, Personal, Columbia y Garbarino" y puntualizó que "los montos varían: pueden ser más elevados cuando hay préstamos o electrodomésticos en cuestión, o más bajos en servicios menores, aunque en esos casos también va subiendo con los intereses". 
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 <img alt="Estafas" data-height="533" data-size="w:5616,h:3744" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/18/02i21396.jpg_158021514.jpg" title="Estafas" vspace="5"> 
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 Suelen ser presuntas deudas relacionadas a telefonía celular y tarjetas de crédito | Foto: Stock Photo 
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Sobre el modus operandi de los estudios, el experto&nbsp;detalló: "Compran deudas viejas y después cobran un monto bajo amenazas de embargo, aprovechando el miedo de la gente a estas prácticas hiper intimidatorias, que pueden incluir que te digan que entrás al Veraz o que te manden un símil carta documento. O que te vuelven a informar al Veraz, que es una mentira". 
"Estos estudios se caracterizan por la coacción y se aprovechan sobre todo de la gente grande. Hasta llaman a familiares o vecinos, haciéndote quedar como moroso", advirtió. 
Por su parte, el titular de Consumidores Responsables y encargado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Henry Stegmayer, reconoció que se hicieron "muchas gestiones para ayudar a vecinos con el reclamo de cobro de deudas prescriptas". 
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 <img alt="Llamado" data-height="534" data-size="w:6016,h:4016" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/18/ing_19043_212519.jpg_158945035.jpg" title="Llamado" vspace="5"> 
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 A pesar de la insistencia, recomiendan no pagar | Foto: Stock Photo 
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"En los llamados, te reconocían que la deuda estaba prescripta, pero argumentaban que se puede seguir reclamando. Hasta te mandan cartas documento haciéndose pasar por el Veraz", relató, coincidiendo con Guglielmotti. 
Stegmayer agregó que también ocurre con tarjetas de crédito: "Muchas veces la persona dio de baja la tarjeta y le quedaron $90&nbsp;o centavos por gastos administrativos. Eso queda dando vuelta y al tiempo se transforma en $2.000 y aparece un estudio jurídico que te reclama deuda". 
"También pasa con gastos de renovación de tarjeta. O con gente que se pasó de compañía de teléfono de celular y les exigen pagar una deuda por no cumplir los 24 meses de un contrato que nunca le informaron", especificó. "Hay una violación de los derechos, porque quizás el banco no le explicó que quedaba un 'pucho'&nbsp;y la persona no pidió un libre deuda", añadió. 
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 <img alt="Llamado" data-height="533" data-size="w:5086,h:3391" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/18/ing_17215_09571.jpg_158021514.jpg" title="Llamado" vspace="5"> 
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 Las víctimas centrales suelen ser los adultos mayores | Foto: Stock Photo 
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<h2>¿Qué hacer en estos casos?</h2> 
"La Ley 24.240 plantea multas y sanciones. Si un organismo le da la razón al consumidor, éste puede pedir un resarcimiento a la Justicia. El tema es que la mayoría quiere sacarse el lío de encima y nadie reclama", reveló&nbsp;Stegmayer. 
Asimismo, recomendó a los damnificados por estas situaciones "acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor o llamar para preguntar qué deuda están reclamando, que se informen y asesoren". 
Por su parte, Guglielmotti, citó la recomendación del defensor&nbsp;del Pueblo porteño, Alejandro Amor: no pagar inmediatamente "por más amenaza que haya". "Un&nbsp;embargo no se hace en cinco minutos, necesita de la decisión de un juez", agregó. 
"Si no recuerda la deuda, la persona tiene que pedir al estudio la información referida: contrato, deuda y motivo de la misma. Con eso, lo acerca a la Defensoría para revisarlo y se le arma un texto para que los estudios vean que tienen asesoramiento. Te pueden seguir llamando después de eso, pero no hay que pagar", insistió.

Cada vez crecen m&aacute;s los casos en que estudios jur&iacute;dicos amenazan con embargos por deudas inexistentes. Qu&eacute; hay que tener en cuenta para no caer en la trampa

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