El hijo del empresario Lázaro Báez y otros cinco ex funcionarios y ejecutivos fueron condenados en un juicio abreviado en el marco de la causa Vialidad II, el segundo tramo del expediente por corrupción en la obra pública en el que fue sentenciada la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los seis acusados admitieron su culpabilidad por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y recibieron penas de entre dos años y seis meses y tres años de prisión, que en el caso de Martín Antonio Báez y Julio Enrique Mendoza se unificaron con condenas previas por lavado de activos agravado hasta alcanzar los siete años y nueve meses y los cinco años y nueve meses bajo arresto domiciliario debido a su edad, respectivamente.

La sentencia, dictada por el juez Andrés Fabián Basso del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 tras un acuerdo entre los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), dispuso un decomiso de bienes por $684.990.350.139,86, monto que deberá actualizarse al momento de su ejecución.

El magistrado apoyó su resolución en el fallo previo del primer juicio de Vialidad: “Los hechos aquí juzgados son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa”, instancia en la que se acreditó “con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015”.

A diferencia de la causa principal, este tramo se concentró en la actuación de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la seccional de Santa Cruz, junto con empresarios ligados a las compañías de Lázaro Báez que obtuvieron contratos estatales. El fallo consideró como coautores de la maniobra a los ex funcionarios viales Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando, quienes “reunían la posición de administradores de los intereses pecuniarios afectados y quebrantaron los deberes que esa posición les imponía”.

En paralelo, la resolución encuadró como partícipes necesarios a Martín Báez, Fernando Javier Butti y Julio Enrique Mendoza, quienes ocuparon altos cargos en las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, debido a que “prestaron desde las empresas constructoras una cooperación sin la cual la maniobra no habría podido llevarse a cabo, a través de la presentación de ofertas, la suscripción de los contratos y su ejecución”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola calificaron los hechos como “un delito de extrema gravedad” al sostener que “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”.