El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado emitió este miércoles dictamen favorable para el proyecto de Ley de Discapacidad. La iniciativa, que reemplaza el régimen de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre por un marco legal permanente, consiguió las firmas requeridas y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión ordinaria prevista para el 19 de noviembre.

El consenso se destrabó luego de que el senador justicialista Carlos Linares anunciara el retiro de su proyecto de prórroga de la emergencia, respaldando la propuesta con media sanción de la Cámara baja para "despejar la incertidumbre" del colectivo afectado, aunque aclaró que "no es lo ideal" y que "es mucho lo que falta". Ante esto, la senadora Alicia Kirchner, titular de Población y Desarrollo Humano, remarcó la urgencia de sancionar la normativa para "garantizar la mayor cobertura" antes del vencimiento a fin de año.

En representación del oficialismo, la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró que el proyecto "busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros", subrayando que "esto no es un plan social, es una pensión a la discapacidad", mientras destacó la importancia de los controles y de la compatibilidad con el empleo registrado. En respuesta, la senadora peronista Juliana Di Tullio calificó las palabras de Bullrich como un "relato perverso" y cuestionó la política del Gobierno, pero adelantó su acompañamiento "porque el 31 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias".

A diferencia del acuerdo generalizado, la senadora peronista disidente Alejandra Vigo calificó la propuesta de "oportunista" y reclamó modificaciones al considerar que el sector atraviesa una emergencia severa, postura que fue cuestionada por el oficialismo frente a la urgencia de sancionar la ley. Sobre el aspecto económico, el senador libertario Bruno Olivera Lucero valoró que la norma fije las fuentes de financiamiento, un punto que generó cruces con el legislador peronista Fernando Salino, quien ironizó: "A nosotros nos dicen 'queremos saber de dónde sacar...', saquénsela a la SIDE, muchachos".

El nuevo esquema establece que las pensiones no contributivas por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización inflacionaria, y sostiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como llave de acceso, junto con el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. El sistema será compatible con el empleo formal, siempre que el beneficiario no perciba más de dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En el plano sanitario, el proyecto garantiza la cobertura del Programa Incluir Salud según la ley 24.901. Finalmente, el texto determina que si existen deudas pendientes con los prestadores al momento de su sanción, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para difundir un cronograma de saldos y 90 días para cancelar la totalidad de los pagos a quienes hayan cumplido el trámite.