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El Gobierno advirtió que derogar el DNU 70/23 "implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso"

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió el megadecreto de desregulación económica. La oposición impulsa una sesión en Diputados para rechazarlo.

El Gobierno advirtió que derogar el DNU 70/23 "implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso"

Ante la embestida opositora en el Congreso, el Gobierno advirtió este martes que derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 de desregulación económica provocaría consecuencias "calamitosas".

"Dar marcha atrás con las desregulaciones del decreto que benefician a todos los ciudadanos implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quieren volver", afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en Casa Rosada.

El megadecreto -que, entre otros, diseñó Federico Sturzenegger-, titulado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina", introdujo una reforma estructural orientada a la desregulación masiva del comercio, los servicios y la industria, así como a la reducción de la intervención estatal. Anunciada en cadena nacional, fue una de las primeras medidas de la gestión del presidente Javier Milei. Casi tres años después, la oposición en Diputados impulsa una sesión para la semana próxima para derogar la Resolución.

Ravier advirtió que si el Congreso dejara sin efecto el DNU, se retornaría "a un modelo de país agotado, que esta gestión dejó atrás con reformas profundas para que la Argentina recupere la prosperidad".

"Sin el decreto vuelve la Ley de Alquileres, cuyos únicos logros fueron reducir la oferta y subir los precios de los alquileres. Vuelven las leyes de góndolas, de abastecimiento y de Compre Argentino, iniciativas ineficaces para erradicar la inflación que solo causaban escasez y ponían barreras a la actividad comercial. Vuelven los obstáculos para cambiar la prepaga o de obra social, afectando la libre elección del trabajador para elegir la cobertura de salud que prefiera", enumeró el vocero.

E insistió: "Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados".

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