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La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La jueza Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar impulsada por un excombatiente de Malvinas e intimó a las firmas Rockhopper y Navitas.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por un ex combatiente de la Guerra de Malvinas y le ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited suspender el inicio o la continuidad de las obras en el proyecto petrolero Sea Lion.

El dictamen abarca el freno a perforaciones, instalaciones submarinas y la extracción comercial al norte del archipiélago, aclarando que la resolución "reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".

En el fallo se precisó que “como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”.

Además de intimar a las firmas a entregar en un plazo de diez días una declaración jurada con su cronograma de pozos, contratistas, estructura societaria y análisis de riesgo ambiental, la jueza agregó que “las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”.

Asimismo, la magistrada requirió a la Cancillería un informe en un plazo de diez días para determinar si las compañías "cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina" para desarrollar tareas hidrocarburíferas en la Plataforma Continental. De igual modo, la orden judicial solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Nación especificar si existen registros, avisos del emprendimiento o certificados de aptitud ambiental tramitados en torno al proyecto Sea Lion y sus potenciales ampliaciones.

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