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La Fiscalía del Perú avanza en la investigación judicial sobre una red de reclutamiento ilegal que captó a más de 300 ciudadanos peruanos para enviarlos a combatir en las filas de las fuerzas armadas de Rusia en la guerra contra Ucrania.
La medida se resolvió tras las protestas de familiares de las víctimas ante la sede diplomática rusa en Lima y la reunión de trabajo encabezada por la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
El entramado judicial se compone de un expediente principal con 202 damnificados en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, sumado a 21 carpetas tramitadas por despachos de Trata de Personas. Las denuncias abarcan casos en la capital, el Callao, La Libertad, Huánuco y Cusco. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores elevó la cifra a 459 reclutados bajo engaño, confirmando al menos 11 muertos, 114 desaparecidos y tres combatientes cautivos en Ucrania.
El avance de las diligencias policiales permitió la detención de un hombre identificado como L. V., señalado por captar a una víctima entre marzo y abril pasados mediante pasajes gratuitos y la promesa de una remuneración mensual de 2.600 dólares. Al desembarcar en Rusia, el ciudadano fue sometido a evaluaciones médicas y obligado a firmar un contrato en idioma ruso para el cobro de un incentivo de 26.000 dólares que no fue abonado.
Desplazado hacia la zona de combate, el afectado logró comunicarse con su familia en Perú para relatar el engaño. Su hermana radicó la denuncia formal ante la fiscal Luisa Quispe Asmat, quien obtuvo la orden de captura e incautó dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito y divisas en soles y dólares durante el allanamiento a la vivienda del imputado.
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