La jueza Marta Elba Pascual, que frenó por 60 días la aplicación del regimén Penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión ante las críticas a la vez que sostuvo que el distrito no cuenta con los recursos necesarios para aplicar la reforma aprobada por el Congreso.

La magistrada ratificó su postura tras la medida cautelar dictada a partir de un hábeas corpus de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y buscó desvincular el fallo del debate legislativo. En declaraciones televisivas, reconoció que no se opone a fijar el piso penal en 14 años por tratarse de una atribución del Congreso en materia de política criminal, pero advirtió sobre la falta de infraestructura para poner en marcha el nuevo esquema: "Que la gente no piense que vamos a tener más seguridad por bajar la edad de imputabilidad. No están dados los mecanismos para que podamos atender hoy a los jóvenes". Asimismo, aclaró que la resolución rige sólo en la provincia de Buenos Aires por un lapso de 60 días.

Frente a las críticas sobre el destino de los menores de 16 años involucrados en delitos graves durante la suspensión, rechazó que vayan a quedar desamparados o en libertad automática. Detalló que el código procesal bonaerense faculta a la justicia penal juvenil a disponer medidas de seguridad bajo encierro a partir de los 18 años e incluso después. Sin embargo, descartó el encarcelamiento como respuesta uniforme frente a sustracciones menores como un teléfono móvil, al sostener que ese criterio no resuelve la inseguridad y choca con su labor diaria en los tribunales.

El argumento central de la decisión apuntó a la escasez de recursos y herramientas estatales para aplicar figuras no carcelarias como los supervisores educativos y los dispositivos de justicia restaurativa. Para ilustrar esa diferencia, destacó una prueba piloto implementada en Lomas de Zamora con registros favorables de reincidencia: "Esto, medido por el CONICET, la reincidencia es del 7 u 8%, mientras que los jóvenes que están enrejados sin tratamiento luego van a las cárceles de adultos y hay una reincidencia del 60%. En eso creo".

Desde esa perspectiva, defendió el plazo de dos meses con el fin de avanzar en la consolidación de esas vías antes de la entrada en vigor del régimen.

Por último, desestimó cualquier motivación partidaria tras los cuestionamientos que vincularon su resolución con el kirchnerismo: "Nunca fui, soy ni seré kuka". A cambio, reivindicó su alineamiento con el garantismo constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, bajo la premisa de que la privación de la libertad debe constituir siempre la última ratio frente a las faltas cometidas por menores de edad.