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La Fiscalía apeló la suspensión de la baja en la edad de imputabilidad

El Ministerio Público acusó a la jueza Marta Pascual de invadir facultades del Congreso y solicitó elevar el expediente a la Cámara de Apelación y Garantías.

La Fiscalía apeló la suspensión de la baja en la edad de imputabilidad

Luego de la polémica y los debates surgidos en los últimos días, la Fiscalía apeló la resolución de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil, Marta Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Según informó Infobae, el recurso presentado por el fiscal, Hernán Cerutti, en representación de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, solicitó revocar el fallo dictado en el marco del hábeas corpus interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

“La decisión recurrida, en los hechos, sustituye al Congreso de la Nación”, afirmó el Ministerio Público al objetar que la magistrada utilizara un hábeas corpus colectivo para frenar de manera general una ley nacional regularmente sancionada y promulgada, sin que se acreditara una afectación concreta, actual o inminente a la libertad de un adolescente.

“La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, cuestionó la representación fiscal sobre los argumentos judiciales relativos a la falta de infraestructura y recursos materiales en los centros de alojamiento. En esa línea, remarcó: “El carácter preventivo del hábeas corpus permite actuar frente a una amenaza concreta e inminente; no elimina la necesidad de demostrar la existencia de esa amenaza”.

El escrito también señaló como contradictorio que la jueza haya convocado a una audiencia con funcionarios del gobierno bonaerense para evaluar los recursos disponibles posterior a ordenar la suspensión de la norma. Con la reglamentación de la Ley 27.801 aprobada mediante el Decreto 875/2026, la Fiscalía solicitó que la apelación sea concedida con efecto suspensivo para que el expediente sea elevado y resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías.

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