El Gobierno de Javier Milei decidió no confrontar con la CGT por la movilización que la central obrera realizará este jueves a las 14 frente al Ministerio de Economía. Aunque el oficialismo mantiene su postura de no intervenir ante el aumento del endeudamiento de las familias, en la Casa Rosada consideran que los dirigentes sindicales deben representar los reclamos de sus trabajadores.

“Algo tiene que hacer la CGT, si los dirigentes sindicales no se mueven, ¿quién lo va a hacer?”, sostienen cerca del Gobierno, donde remarcan que la protesta tiene como eje una problemática que afecta a miles de familias: las dificultades para afrontar deudas contraídas con bancos y billeteras virtuales.

La movilización, que también contará con la participación de las dos CTA y la UTEP, buscará visibilizar el impacto de la creciente morosidad y reclamar medidas de alivio para los trabajadores endeudados.

Qué reclama la CGT por el aumento del endeudamiento

La central obrera pretende poner el foco en lo que define como una “pandemia” de endeudamiento entre las familias trabajadoras. El diagnóstico sindical apunta a que una parte importante de los créditos asumidos en los últimos meses no estuvo destinada al consumo de bienes durables o a inversiones, sino a cubrir necesidades básicas.

Según los datos difundidos por la CGT, alrededor de 5,3 millones de personas tienen dificultades para pagar sus deudas. En numerosos casos, esos compromisos financieros fueron contraídos para afrontar gastos esenciales, entre ellos la compra de alimentos.

El reclamo se produce en paralelo con informes que muestran un fuerte crecimiento de la morosidad en distintos segmentos del sistema financiero.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026. En el caso de los monederos electrónicos, el incremento habría sido todavía mayor: del 7,3% al 29,6% durante el mismo período.

La postura del Gobierno

Pese a reconocer la complejidad del escenario, el Gobierno no tiene previsto impulsar una medida específica para asistir a los deudores.

En La Libertad Avanza mantienen la definición que ya expresó Milei: las dificultades para cumplir con obligaciones contraídas con bancos y plataformas digitales corresponden a un conflicto “entre privados”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al problema en línea con esa postura y respaldó el criterio de que el Estado no debe intervenir directamente en las relaciones financieras entre particulares.

De esta manera, la administración libertaria diferencia el reconocimiento de la problemática social de la posibilidad de implementar un plan de salvataje para quienes no pueden afrontar sus compromisos.

Una protesta que no genera tensión en la Casa Rosada

A diferencia de otras movilizaciones de la central obrera, la protesta de este jueves no despierta, al menos por ahora, una respuesta confrontativa por parte del oficialismo.

En Balcarce 50 entienden que existe una situación complicada para miles de trabajadores y que la dirigencia sindical tiene legitimidad para reclamar soluciones en nombre de sus representados.

El punto de diferencia aparece en el rol que debería asumir el Estado. Mientras la CGT, las CTA y la UTEP consideran necesario establecer mecanismos de alivio para los trabajadores endeudados, el Gobierno sostiene que una intervención de ese tipo no forma parte de su política económica.

La movilización frente al Palacio de Hacienda funcionará así como una expresión del malestar sindical frente al crecimiento de la morosidad, pero también como una nueva muestra de la distancia entre las organizaciones gremiales y la administración libertaria respecto del papel que debe cumplir el Estado frente a las dificultades económicas de las familias.