Más de una cuarta parte de los titulares de crédito tiene deudas en mora y las fintechs y emisoras no bancarias concentran los mayores niveles de irregularidad.

La morosidad llegó al 18% y acumula 21 meses seguidos de aumento
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El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión por una trama que incluía causas armadas, extorsiones y el robo de cargamentos de cocaína.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles por integrar una organización que extorsionaba a personas investigadas por narcotráfico, fraguaba procedimientos judiciales y se apropiaba de cargamentos de droga para luego comercializarlos. Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión tras casi dos años de debate oral.
Uno de los principales hechos investigados fue el denominado operativo “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno perteneciente al clan Loza. Los policías simularon el secuestro de casi media tonelada de cocaína a partir de una falsa denuncia anónima, mientras se apoderaban de otra cantidad similar de droga que estaba en un vehículo de la organización criminal.
Según se acreditó durante el juicio, la droga sustraída tenía un valor estimado de entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y fue trasladada hasta Santa Clara del Mar para ser distribuida en la costa atlántica y mediante circuitos internacionales.

Por esta maniobra fueron condenados los principales integrantes de la delegación Quilmes: el comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, quienes recibieron las penas más altas por delitos como falsedad documental, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
La investigación también permitió detectar maniobras similares en otras causas, conocidas como “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”. En esos expedientes se comprobaron extorsiones a personas investigadas por narcotráfico, pedidos de dinero a cambio de evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales. En la estructura que funcionaba en San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita, mientras que otros efectivos recibieron penas de hasta 14 años.
Las condenas también alcanzaron a civiles y profesionales vinculados con la organización. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la abogacía, al ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en hechos de extorsión y cohecho. A su vez, el tribunal absolvió a seis imputados y ordenó profundizar la investigación sobre el exfiscal provincial destituido Claudio Scapolan y otros funcionarios judiciales y policiales.
Durante los alegatos, los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly remarcaron que no se trató de episodios aislados de corrupción, sino de una estructura que utilizaba recursos y facultades del Estado para intervenir ilegalmente en el negocio del narcotráfico. Por la gravedad institucional del caso, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez ordenaron enviar los fundamentos del fallo a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, además de la Procuración General bonaerense, para que se adopten medidas que eviten la repetición de estas prácticas.

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