La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional de 24 horas en reclamo de una nueva negociación salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor financiamiento para el sistema educativo. Mientras el Gobierno realizará monitoreos en las escuelas para que se cumpla el 75% de la asistencia de docentes para sostener las clases.

La medida de fuerza coincidirá con el regreso a clases en distritos como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque la convocatoria tiene alcance nacional e incluye a los niveles inicial, primario y secundario.

Desde la organización sindical denunciaron que el Gobierno de Javier Milei mantiene una "permanente negativa" a convocar a la Paritaria Nacional Docente, ámbito donde históricamente se discutían el salario mínimo del sector y otros aspectos vinculados a las condiciones laborales.

Entre los principales reclamos, CTERA exige una recomposición salarial, la restitución del FONID —el fondo nacional que complementaba los ingresos docentes—, la defensa del sistema previsional del sector y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles y conectividad. Además, cuestionó los recortes en las partidas nacionales destinadas a educación.

Además de CTERA, otros sindicatos del sector anunciaron medidas de protesta para los próximos días. La Unión Docentes Argentinos (UDA), integrante de la CGT, informó que llevará adelante un plan de lucha con clases públicas, volanteadas y movilizaciones, aunque sin convocar a un paro general.

La central sindical explicó que esa decisión responde al escenario legal vigente y a la posibilidad de sanciones derivadas del incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la normativa.

El conflicto salarial continúa siendo uno de los principales puntos de disputa entre los gremios y el Gobierno. Según CTERA, el salario mínimo docente nacional se ubica actualmente en $500.000 y perdió poder adquisitivo frente a la inflación, un escenario que motivó la convocatoria a una nueva jornada nacional de protesta.

El Gobierno anunció inspecciones y advirtió por posibles sanciones

En la previa del paro, el Ministerio de Capital Humano informó que realizará controles en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la normativa que considera a la educación un servicio esencial.

Según indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, se inspeccionará una muestra de escuelas para constatar que durante la jornada de protesta se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio. El Ejecutivo sostuvo que, si se detectan incumplimientos, podrán aplicarse las sanciones previstas por la legislación vigente.

Desde el Gobierno argumentaron que, si bien la administración cotidiana de las escuelas depende de cada jurisdicción, el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación de los estudiantes.

El nuevo cruce entre la Casa Rosada y los sindicatos se produce en un contexto de debate por la normativa que incorporó a la educación dentro de los servicios esenciales y estableció la obligación de sostener una cobertura mínima durante las medidas de fuerza.

Las organizaciones gremiales rechazan esa disposición y promovieron presentaciones judiciales para cuestionarla, mientras que el Gobierno sostiene que la norma continúa vigente y debe cumplirse durante cualquier protesta.

La obligación de mantener un porcentaje mínimo de actividad se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre ambas partes y vuelve a estar en el centro de la discusión con este nuevo paro nacional.