El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para poner fin a la emisión sin respaldo. Durante su discurso, acompañado por los miembros de su equipo político y económico, sostuvo que esta práctica no es más que "la estafa de falsificar" dinero que derivó en una "tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento" desde la creación de la entidad monetaria en 1935.

En un mensaje grabado -que se emitió por cadena nacional-, el mandatario definió este mecanismo como la "estafa más conocida como impuesto inflacionario", remarcando que se trata de un "impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso". 

"Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000 por ciento repito 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, esto es la inflación acumulada desde 1935", graficó el Jefe de Estado.

Profundizando en el análisis histórico de la moneda local, Milei destacó que se trata de "una cifra de 20 dígitos" e hizo hincapié en el período posterior a la convertibilidad. En ese sentido, planteó que "desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa inflación acumulada asciende a 168.580 por ciento".

El Presidente sostuvo que la entidad monetaria funcionó históricamente como "una herramienta que posibilitó el robo de la alta política" no solo mediante la falsificación para financiar la estructura estatal, sino también a través de distintas formas de expropiación. Explicó que el origen del Banco Central comenzó con una alteración en la paridad cambiaria del oro en sus reservas, cuyo resultado "derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos".

Asimismo, el mandatario hizo referencia a la finalización de la paridad uno a uno con el dólar a principios de siglo. Recordó que "otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad", momento en que cada peso emitido estaba respaldado por la divisa estadounidense. Añadió que romper ese marco "implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos", una suma que trasladada a la actualidad "asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares, que se podría haber ganado por esas reservas". A pesar de ello, afirmó que "la voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí".

Mencionando antecedentes más recientes, rememoró que "en 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares". Señaló además que para eludir responsabilidades judiciales se modificó la normativa en 2012, lo que "permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos". Por ello, justificó la iniciativa oficial expresando: "Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales".

Al explicar los pilares del proyecto, el Presidente detalló que "en primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda". Esta premisa descansa en el principio de que la inflación representa siempre un fenómeno derivado del desequilibrio entre oferta y demanda monetaria que destruye el poder de compra.

En cuanto al financiamiento público, remarcó que "la segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado", restricción que abarca al Tesoro nacional, administraciones provinciales, municipios y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario. Al respecto, precisó que el señoreaje mediante la compra de deuda pública "no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central".

Respecto a la estabilidad de las autoridades de la institución, señaló que "la tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política". Para ello, la remoción exigirá la aprobación de "dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados", argumentando que históricamente las destituciones buscaban forzar una mayor laxitud monetaria para "estafar al sector privado mediante el señoreaje", y concluyó que "si la política quiere cobrar más impuestos es razonable que eso pase por la casa del pueblo".

El proyecto también incluye limitaciones operativas, ya que "se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", determinando que los activos fijados al 31 de diciembre de 2026 se asimilarán en unidades físicas y sus variaciones se imputarán a reservas técnicas no distribuibles. Por otra parte, ordenó que "los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán cederse girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda", al tiempo que "se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles".

El mandatario aclaró que esta iniciativa se enmarca dentro de un esquema más amplio de reformas estructurales que incluye el "grillete fiscal" y la actualización del mercado de capitales y de seguros. Sobre la regla fiscal, argumentó que "se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario", argumentando la necesidad de una norma legal debido a que "la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público" y que "los políticos no tienen ningún incentive para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos", asegurando que la nueva regulación hará "que el que las hace finalmente las pague".

Al detallar la aplicación del mecanismo, explicó que "si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio", y si ello no ocurre "entrará en vigencia automática el shutdown, se paralización las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias". Adicionalmente, remarcó que durante este bloqueo "el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso".

Para despejar dudas sobre la cobertura de la medida, Milei manifestó que "por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente", asegurando que la ley "protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado", excluyendo de cualquier corte a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa y el sistema penitenciario, e invitó a los gobernadores a replicar el modelo en sus distritos.

Finalmente, el jefe de Estado anunció el envío de dos proyectos para "recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central", señalando que "las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia" y que el objetivo oficial es impulsar "un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir".

En el cierre de su discurso, el Presidente reafirmó la convergencia del plan integral al sostener que "las reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria", concluyendo que la combinación de estas medidas "pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente" para convertirla en "el país más libre del mundo", tras lo cual confió en que el Congreso acompañará las transformaciones propuestas.