El Gobierno de Catamarca, encabezado por Raúl Jalil, quedó en el centro de los cuestionamientos luego de que se conociera que mantuvo durante junio $140.000 millones en un plazo fijo, pese a que esos recursos formaban parte de un adelanto de Coparticipación otorgado por el Gobierno nacional con el objetivo de reactivar la obra pública en la provincia.
De acuerdo con información publicada en el Boletín Oficial y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, durante junio la administración provincial realizó inversiones financieras por un total de $182.500 millones entre plazos fijos y fondos comunes de inversión. Las resoluciones fueron difundidas casi un mes después de concretadas las operaciones.
Un adelanto para obras que terminó invertido
El origen de los fondos se remonta al 12 de abril, cuando Catamarca recibió un anticipo de Coparticipación por $150.000 millones. El convenio firmado entre la Provincia y la Nación establecía que esos recursos debían destinarse a la ejecución de obras públicas y que serían devueltos mediante descuentos automáticos sobre la Coparticipación durante cuatro meses a partir de agosto.
Sin embargo, tras el ingreso del dinero, la Tesorería provincial colocó $140.000 millones en un plazo fijo del Banco Nación y los $10.000 millones restantes en un fondo común de inversión. La misma estrategia se mantuvo durante mayo y el plazo fijo principal volvió a renovarse en junio.
La colocación bancaria se realizó con una tasa nominal anual del 19%, superior al 15% fijado para el adelanto nacional, lo que permitió obtener un rendimiento financiero positivo para la Provincia.
El foco de la discusión
Aunque la diferencia entre ambas tasas representa un beneficio financiero, el debate gira en torno al uso de los recursos. La principal incógnita es por qué un financiamiento solicitado bajo el argumento de acelerar la obra pública permaneció mayormente invertido en instrumentos financieros durante al menos tres meses.
Hasta el momento, el Gobierno provincial no difundió un informe consolidado que detalle qué obras fueron financiadas con ese adelanto, cuánto dinero recibió cada proyecto, qué certificados de obra se abonaron ni qué porcentaje de los fondos seguía disponible al cierre de junio.
Además del plazo fijo, la Provincia distribuyó recursos en distintos instrumentos financieros: $4.500 millones en un fondo del Banco Patagonia, $5.000 millones administrados por Balanz y Santander, $8.000 millones repartidos entre el Banco Hipotecario y el Banco Macro, además de otros $25.000 millones colocados en diferentes entidades.
Inversiones que se sostuvieron durante tres meses
Las inversiones financieras alcanzaron los $208.000 millones en abril, crecieron hasta $243.000 millones en mayo y descendieron a $182.500 millones en junio, lo que evidencia que no se trató de una colocación transitoria de pocos días, sino de una estrategia sostenida en el tiempo.
Desde el Ejecutivo provincial podrían sostener que la decisión buscó preservar el valor de los recursos mientras avanzaban los procesos administrativos necesarios para iniciar o ejecutar las obras comprometidas. Sin embargo, esa explicación aún no fue acompañada por información oficial que permita verificar el rendimiento obtenido, el cronograma de desembolsos ni la aplicación concreta de los fondos.
A esto se suma que las resoluciones fueron publicadas semanas después de realizadas las operaciones, una demora que dificulta el seguimiento público de la administración de esos recursos.
Con el inicio de los descuentos automáticos sobre la Coparticipación previsto para agosto, la discusión también se traslada al grado de ejecución del crédito. La expectativa ahora está puesta en conocer cuánto del adelanto llegó efectivamente a las obras públicas antes de comenzar su devolución y cuánto tiempo permaneció invertido en el sistema financiero.
La administración transitoria de excedentes puede formar parte de una estrategia habitual de manejo de fondos públicos. Sin embargo, el hecho de que un adelanto solicitado para atender una necesidad urgente de infraestructura permaneciera mayoritariamente colocado en inversiones financieras abrió interrogantes sobre la ejecución de esos recursos y renovó los pedidos de mayor transparencia en la rendición de cuentas.