El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul, que continuará al frente del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal durante los próximos 25 años. La decisión quedó plasmada en la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial, y pone fin al proceso licitatorio iniciado en diciembre de 2025.

La concesión permitirá a la compañía, asociada con la firma argentina Servimagnus, encargarse de la modernización, operación y mantenimiento de la principal vía fluvial del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. El contrato definitivo deberá firmarse dentro de los próximos 30 días e incluye obras de profundización del canal, tareas permanentes de dragado, mejoras en el sistema de señalización e incorporación de tecnología para reforzar la seguridad y los controles.

En paralelo a la adjudicación, volvieron a surgir cuestionamientos sobre el proceso licitatorio y los posibles vínculos empresariales alrededor del negocio. El periodista Alejandro Bercovich señaló semanas atrás que el Grupo Neuss podría participar como subcontratista de Jan De Nul para las tareas de dragado, y mencionó además la presencia de otros grupos empresarios vinculados a la actividad.

Desde el punto de vista económico, la Hidrovía representa uno de los activos estratégicos más importantes del comercio exterior argentino. Según proyecciones oficiales, la concesionaria podría facturar alrededor de 628 millones de dólares por año, lo que implicaría ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares durante toda la vigencia del contrato. Además, se prevé un crecimiento sostenido del tránsito de embarcaciones tanto para el comercio internacional como para el cabotaje.

El esquema de concesión fue diseñado bajo la modalidad de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin aportes directos del Estado nacional. También contempla la posibilidad de extender el contrato por hasta cinco años adicionales. Con esta adjudicación, el Gobierno busca avanzar en una nueva etapa de gestión para una infraestructura considerada clave para la agroindustria, la industria y las exportaciones argentinas.