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La Justicia dispuso “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales”.
La justicia española falló a favor de Shakira y ordenó que el Ministerio de Hacienda le reintegre más de 55 millones de euros, luego de anular una sanción vinculada al ejercicio fiscal de 2011. La resolución representa un nuevo giro en el extenso conflicto que la artista mantuvo con el fisco por su residencia tributaria en España.
La decisión fue tomada por la Audiencia Nacional, que dispuso “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales”.
El origen del conflicto estuvo en la determinación de la residencia fiscal de la cantante. En 2011, Shakira mantenía una relación con Gerard Piqué, entonces jugador del FC Barcelona, y alternaba su vida entre distintos países.
La artista sostuvo siempre que se instaló de manera permanente en Barcelona recién a fines de 2014 y que trasladó su residencia fiscal desde Bahamas a España en 2015, antes del nacimiento de su segundo hijo.
Sin embargo, las autoridades fiscales consideraban que ya había pasado suficiente tiempo en territorio español como para tributar allí por todos sus ingresos. Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe permanecer más de 183 días en el país durante un mismo año.
El tribunal concluyó que sólo pudo acreditarse que la cantante estuvo 163 días en España durante 2011, una cifra insuficiente para encuadrarla como residente fiscal.
Con este fallo, el Estado español deberá restituirle a la artista más de 55 millones de euros, equivalentes a unos 64 millones de dólares, además de los intereses legales correspondientes.
La sentencia aún puede ser apelada, aunque no afecta a otros ejercicios fiscales posteriores.
En noviembre de 2023, Shakira había aceptado un acuerdo con la fiscalía para cerrar otra causa vinculada al período 2012-2014, en la que se la acusaba de no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos.
Como parte del pacto, reconoció los cargos y abonó una multa superior a 7,3 millones de euros, lo que le permitió evitar un juicio que incluía más de 100 testigos y una posible condena de prisión.
“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, expresó entonces la cantante.
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