Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para el próximo martes 20 de mayo, con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste sobre hospitales, centros de salud y pacientes de todo el país.
La movilización comenzará a las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminará en Plaza de Mayo. Los organizadores denuncian que el desfinanciamiento del sistema sanitario ya afecta el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos, y advierten que la situación es especialmente crítica para los sectores más vulnerables.
Entre los principales indicadores difundidos por los convocantes, señalan que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos.
Además, aseguran que la mitad de las personas que hoy se atienden en el sistema público cuenta con obra social o prepaga, un dato que refleja el deterioro de la cobertura del sector privado y el aumento de la presión sobre hospitales y centros de salud estatales.
El diagnóstico también alcanza a los jubilados: uno de cada cuatro no puede acceder a los medicamentos que necesita, mientras que el PAMI habría perdido el 40% de su presupuesto, según denuncian los organizadores.
A esto se suma el cierre del programa Remediar, una política sanitaria que durante años garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas en todo el país.
"Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento", afirmó Manuel Fonseca, uno de los impulsores de la convocatoria.
El referente del Foro por el Derecho a la Salud sostuvo que la situación impacta especialmente sobre quienes dependen exclusivamente del sistema público para recibir atención médica, medicación y cuidados.
En ese sentido, reclamó la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud.