El Gobierno de Bolivia inició este sábado un amplio operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las principales rutas bloqueadas en la región andina desde hace 11 días. Las protestas, encabezadas por organizaciones campesinas y sindicales de La Paz, reclaman mejoras salariales y la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

La operación fue denominada “Corredor humanitario” y moviliza a unos 2.500 policías y 1.000 militares en distintos puntos estratégicos del país. Según explicó el comandante policial Mirko Sokol, el objetivo principal es garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno medicinal hacia La Paz y El Alto, ciudades que comenzaron a sufrir problemas de abastecimiento por los cortes de rutas.

Las autoridades indicaron que existen al menos 50 puntos activos de bloqueo en todo el país y que las intervenciones se concentrarán especialmente en las carreteras que conectan La Paz con Oruro, Perú y otras regiones clave del territorio boliviano. Desde el Gobierno aseguraron que las fuerzas desplegadas no buscan “enfrentar” a los manifestantes, aunque advirtieron que utilizarán agentes químicos si la situación lo requiere.

En paralelo, la crisis política sumó repercusión internacional. Argentina, Chile, Peru y otros países de la región firmaron un comunicado conjunto para expresar su preocupación por la situación humanitaria derivada de los bloqueos y respaldar el orden democrático en Bolivia. Además, el Gobierno de Javier Milei envió un avión Hércules C-130 para colaborar con el transporte aéreo de alimentos dentro del territorio boliviano.

Mientras tanto, una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales avanza hacia La Paz con el objetivo de exigir también la salida de Paz Pereira. El Ejecutivo boliviano denunció que detrás de las protestas existe un supuesto intento de “romper el orden constitucional”, acusación que fue rechazada por Morales.

Según datos oficiales, los bloqueos ya provocaron la muerte de al menos tres personas que no pudieron recibir atención médica a tiempo. Frente al agravamiento del conflicto, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica reclamaron la apertura de corredores humanitarios y pidieron generar espacios de diálogo para intentar frenar la escalada de tensión política y social.