El Poder Ejecutivo resolvió extender hasta 2028 la emergencia penitenciaria federal frente al agravamiento de la sobrepoblación carcelaria y la falta de infraestructura en las unidades del Servicio Penitenciario Federal. La decisión quedó plasmada en la Resolución 439/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que prorrogó el régimen excepcional vigente para administrar la crisis del sistema penitenciario.

Según los datos oficiales incorporados en la resolución, actualmente hay 12.248 personas alojadas en cárceles federales, pese a que la capacidad máxima operativa alcanza las 10.932 plazas. El número de detenidos supera así el límite previsto para el sistema.

El informe elaborado por el Gobierno advierte además que la presión sobre las unidades penitenciarias continúa creciendo. Entre diciembre de 2023 y marzo de este año ingresaron más de 15 mil nuevos presos al SPF. A esa situación se suma otro problema estructural: 5.073 personas permanecen detenidas a la espera de cupos para ser trasladadas a establecimientos federales.

El relevamiento oficial también detalla que el 61,83% de los internos ya tiene condena firme, mientras que el 38,17% continúa procesado sin sentencia definitiva. Dentro de los fundamentos de la prórroga, el Ejecutivo volvió a apuntar contra la demora en la transferencia de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, el sistema penitenciario federal aloja a 5.983 detenidos vinculados a causas de la justicia porteña, una cifra que representa prácticamente la mitad de toda la población bajo custodia nacional. Con esta nueva extensión, el Gobierno mantendrá herramientas extraordinarias para gestionar recursos, reorganizar plazas y afrontar el escenario de saturación que afecta a las cárceles federales.