El Gobierno designó a Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá, una decisión que vuelve a poner en discusión su voto a favor de la Ley Bases y las versiones sobre un presunto intercambio por un cargo diplomático.

El nombramiento se formalizó mediante el Decreto 304/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. La ex senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había estado envuelta en una controversia similar en 2024, cuando el Ejecutivo intentó nombrarla ante la UNESCO en pleno debate legislativo.

Aquel intento fue descartado tras el impacto político de las críticas, pero el tema derivó además en una denuncia judicial por presunto “cohecho”, presentada por el abogado Federico Paruolo y radicada en el juzgado de Ariel Lijo.

Crexell rechazó esas acusaciones y negó cualquier vínculo entre su voto y una eventual designación: “No es cierto que cambié la Unesco por el voto afirmativo a la Ley Bases. Es una negociación que viene desde hace mucho tiempo. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, quien es mi suplente y fuimos juntos en la lista de senadores”. También explicó: “Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria y además mi información académica está vinculada a los temas de agenda internacional y es verdad que hubo una oferta y una aceptación pero no tiene nada que ver con la Ley Bases”.

La ex legisladora, que dejó su banca en diciembre, vuelve así a la escena pública con un nombramiento que reabre cuestionamientos políticos y judiciales aún en trámite.