La Justicia ordenó al Gobierno pagar en mayo el Salario Social Complementario a los ingresos de los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, continuidad del ex Potenciar Trabajo. La decisión fue dictada el 21 de abril por el juez federal Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a sostener las transferencias hasta que haya una resolución definitiva.

Aunque desde la cartera que conduce Sandra Pettovello apelaron la medida, confirmaron que cumplirán con el fallo. En los hechos, esto implica un desembolso de $72.384 millones en los primeros días de mayo.

Según datos oficiales, 1.012.357 personas fueron incorporadas al programa Volver al Trabajo y otras 260.911 al Programa de Acompañamiento Social.

Se trata, en su mayoría, de trabajadores de la economía popular que perciben ingresos mensuales cercanos a los $78.000, un monto que hoy no cubre la canasta básica alimentaria. En ese escenario, la continuidad del pago no aparece como un beneficio adicional sino como un ingreso mínimo para sostener el consumo básico.

Desde el Gobierno sostienen que la medida judicial complica su estrategia de transformar los planes sociales en políticas orientadas al empleo formal. La intención oficial es redireccionar esos recursos hacia capacitación laboral y mayor escolarización en sectores vulnerables.

Organizaciones sociales que impulsaron el amparo advierten que una transición sin red de contención puede traducirse en una caída directa de ingresos para millones de hogares.

El conflicto excede lo administrativo y abre una discusión más profunda sobre el rol del Estado. Por un lado, la apuesta oficial a reducir la asistencia directa; por el otro, la necesidad de sostener ingresos en un contexto donde el mercado laboral no logra absorber a los sectores más precarizados.