La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni incorporó nuevas declaraciones que apuntan al valor del departamento de Caballito adquirido por el funcionario. Los titulares de la inmobiliaria que intervino en la operación afirmaron ante la Justicia que el inmueble valía sensiblemente más que el monto declarado en la escritura.

La martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, señalaron que la propiedad, ubicada sobre la calle Miró, había sido ofrecida originalmente en torno a los US$340.000 y que, según criterios de mercado, podría haberse publicado en aproximadamente US$345.000. También detallaron que el precio inicial llegó a ser de US$375.000, luego bajó a US$275.000 y finalmente se concretó la venta por US$230.000.

En su exposición, Rucci destacó que el departamento había sido refaccionado, lo que elevaba su cotización, y describió como “poco frecuente” la modalidad de pago utilizada: una operación en cuotas sin interés, algo inusual en el rubro. Además, aclaró que no participó en la hipoteca asociada, aunque indicó que en su momento le ofreció a Pablo Feijoo colaborar con la venta, pero este le respondió que “ya tenía un interesado”.

De acuerdo con la investigación, Feijoo, hijo de una de las vendedoras, habría articulado el contacto entre las partes en una operación que se cerró con un anticipo de US$30.000 en efectivo y un saldo de US$200.000 financiado sin interés, con vencimiento previsto para noviembre.

El expediente está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien avanza con medidas para reconstruir el circuito de la operación y los movimientos patrimoniales. En ese marco, Feijoo deberá presentarse el miércoles en Comodoro Py y aportar su teléfono celular y documentación vinculada a la compra.

La investigación continuará con nuevas citaciones, entre ellas la de un contratista que realizó refacciones en una propiedad del country Indio Cuá y la de un expropietario vinculado a otra operación. El foco judicial está puesto en la estructura financiera del acuerdo y en pagos realizados en efectivo que, según la fiscalía, no cuentan con respaldo bancario.