La causa de Agostina Páez en Brasil sumó en las últimas horas un giro inesperado que extendió su estadía en Río de Janeiro y, en paralelo, abrió un nuevo frente de disputa por las gestiones con el país vecino. Lo que hasta el martes se perfilaba como un retorno inminente, quedó suspendido por decisión judicial y derivó en un contrapunto entre funcionarios y dirigentes por el rol en la gestión del caso.

El juez Guilherme Schilling Pollo Duarte resolvió mantener las medidas cautelares contra la influencer santiagueña, acusada de injuria racial tras un episodio ocurrido en Ipanema. La decisión implica que Páez deberá continuar en Brasil con monitoreo electrónico y sin poder salir del país, al menos durante los próximos 10 a 15 días.

La resolución sorprendió incluso a su defensa, ya que tanto la fiscalía como la querella habían dado el visto bueno para que la joven regresara a la Argentina antes del fallo definitivo. “No entendemos qué ha pasado. Presentamos un hábeas corpus frente a la resolución del juez”, explicó su abogado, Sebastián Robles.

El magistrado argumentó que Páez debe permanecer a disposición del tribunal hasta la presentación de los alegatos finales y la sentencia de fondo, en una decisión que endurece el proceso en su tramo final.

El martes, tras una audiencia de más de tres horas, el panorama parecía resuelto. La fiscalía había accedido a reducir la acusación de tres delitos a uno solo bajo la figura de “delito continuado”, lo que bajó la expectativa de pena de hasta 15 años de prisión a una condena mínima de dos años, con posibilidad de ser reemplazada por tareas comunitarias y una compensación económica.

Ese entendimiento había sido interpretado como una salida diplomática y judicial favorable. Sin embargo, el giro posterior del juez reinstaló la incertidumbre. Según la defensa, el cambio de postura estaría vinculado a declaraciones públicas de Páez sobre el monto del resarcimiento económico, lo que habría sido interpretado como una posible interferencia en el proceso.

Mientras se define su situación judicial, la influencer continúa atravesando un escenario complejo. La reparación económica solicitada por la fiscalía ronda los USD 150.000 en total, aunque el monto final aún no fue determinado por el juez.

“Hace tres meses que estoy sin trabajar, no sé realmente cómo se va a resolver ese tema”, había señalado Páez, describiendo su estadía en Brasil como una “pesadilla” atravesada por la presión social en un país donde los delitos de discriminación tienen una fuerte condena pública y judicial.

Una disputa por el protagonismo: Bullrich, Pagano, Alberto Fernández y Quirno

En paralelo al expediente judicial, el caso escaló en el plano político argentino con un cruce por la atribución de las gestiones que buscaron facilitar el regreso de Páez.

El canciller Pablo Quirno destacó el trabajo del consulado argentino en Río de Janeiro, que presentó ante la justicia brasileña garantías formales sobre el sometimiento de la joven al proceso en caso de regresar al país.

Desde otro ángulo, la diputada Marcela Pagano reivindicó la “diplomacia parlamentaria” y puso en valor los vínculos políticos construidos durante la gestión de Alberto Fernández con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien habría intercedido.

"Hablé con quienes entendí que debía hablar para decirles por favor, no les estoy pidiendo que la liberen sin juzgarla, pero tengan presente que es una chica de 20 años que cometió un error y no merece una sanción de esa magnitud", aseguró el expresidente, quien señaló que "no esperaba que se difundiera" esta información y descartó conocer a la familia, solo habló con gente del gobierno de Lula da Silva.

Tras los dichos de Pagano y Fernández, la que se metió en la discusión fue Patricia Bullrich, quien en otras oportunidades ya cuestionó la intervención política en casos judiciales en el exterior -como el caso de Nahuel Gallo- y destacó la gestión de Quirno, al mismo tiempo que acusó a Pagano y a Fernández de condicionar su ayuda a un reconocimiento público de la familia.

Ante el retraso del regreso, Pagano afirmó que fue el propio Quirno quien retrasó los tiempos al salir en radio y redes a adjudicarse la negociación antes de que el juez firmara la resolución: "Eso perturbó el regreso que parecía inmediato", afirmó la diputada. Aunque, hasta el momento, Quirno no respondió públicamente a las acusaciones.