La Cámara de Diputados recibió este lunes el proyecto de ley que modifica el régimen penal juvenil. La iniciativa será discutida en comisión el miércoles y llegará al recinto el jueves para su debate, de acuerdo a lo previsto en el cronograma parlamentario.

El texto presentado mantiene los principales lineamientos del que obtuvo dictamen en 2025, con la diferencia de que ahora incluye un esquema de compensación de fondos entre el Gobierno nacional y las provincias destinado a cubrir los costos de su implementación.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto propone establecer la imputabilidad penal desde los 13 años. En los casos de menores que cometan delitos graves a partir de los 14, se prevé la posibilidad de imponer penas similares a las de adultos, con un máximo de 15 años, pero excluyendo el cumplimiento en unidades penitenciarias comunes. La propuesta también elimina la reclusión perpetua como pena posible para adolescentes y fija un tope general de 20 años de condena.

Para situaciones que involucren penas inferiores a los tres años, o hasta diez si no media violencia grave, el texto indica que se deberán priorizar medidas centradas en el acompañamiento social y educativo. Dentro de ese marco, se contemplan la libertad asistida y las tareas comunitarias como alternativas al encarcelamiento.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca modificar el actual escenario legal, que impide juzgar a jóvenes de 16 años por delitos graves, y cortar con lo que describen como una “puerta giratoria” que facilita la reincidencia de menores sin sanciones efectivas.