El Gobierno nacional resolvió que la Procuración del Tesoro deje de actuar como querellante en la causa penal que investigó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión se tomó a casi cinco años de que el organismo estatal fuera admitido como parte acusadora en el expediente. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 87/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El expediente había sido iniciado para investigar presuntas irregularidades en la toma de deuda con el FMI y alcanzaba, entre otros, al ex presidente Macri, al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al entonces titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, bajo acusaciones de defraudación contra la administración pública.

Con esta decisión, quedó sin efecto el Decreto N° 239/2021, que había habilitado a la Procuración a intervenir como querellante en representación del Estado Nacional. En ese marco, el organismo tenía la misión de impulsar la acción penal para determinar responsabilidades por posibles daños al erario público. Según informó Infobae, la salida se fundamenta en una resolución de la jueza interviniente, quien dispuso el archivo de la causa al considerar que no se configuraron los delitos denunciados.

En ese sentido, la jueza consideró que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco del acuerdo stand-by con el organismo internacional formaban parte de facultades discrecionales propias de la política económica, sujetas a control jurisdiccional, pero no pasibles de reproche penal por sus efectos macroeconómicos.

El fallo también analizó el rol de la Procuración del Tesoro y remarcó que su intervención en causas penales resulta excepcional, dado que su actuación habitual se concentra en los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal. Además, señaló que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en mejores condiciones técnicas para impulsar investigaciones de esta naturaleza.

De esta manera, el Gobierno justificó la decisión al sostener que “corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos”, y advirtió que la continuidad del Estado como querellante podía generar superposición de funciones o interpretarse como una forma de persecución política. La determinación se suma a otros cierres de investigaciones vinculadas a esa gestión, entre ellas la causa que indagaba una presunta fuga de capitales entre 2016 y 2019, que también fue archivada por la Justicia.