El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este martes que intentarán no emitir deuda bajo legislación extranjera para cubrir el próximo vencimiento de enero de 4.300 millones de dólares con acreedores privados.

"El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí", dijo el titular del Palacio de Hacienda. Fue en respuesta a un usario que lo consultó acerca de las alternativas que maneja el Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Hace algunos días, durante una entrevista con LaCasa stream, Caputo profundizó al respecto. "Lo que creo que Argentina necesita como país es ser más normal en esto. Ningún país depende tanto de Wall Street. Fijate que cuando se abre una ventanita, van todas las provincias, las empresas. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de capitales desarrollado acá", explicó.

En esa línea, dijo que su objetivo es ir cancelando esa deuda y, así, "eliminar esa dependencia y que cada vez más se desarrolle más el mercado de capitales en Argentina y que la gente entienda que esa es la forma de generar valor y de que el país crezca".

Esta estrategia se recorta en medio de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la oposición para aprobar el proyecto de Presupuesto este viernes en el Senado. Pese a que salió de Diputados con cambios que alteran el plan de gastos original, la Casa Rosada quiere su sanción para enviar una señal a los mercados en esta "nueva etapa" que se abrió tras el triunfo electoral de octubre pasado.

En este sentido, el presidente Javier Milei descartó vetar el proyecto, en caso, claro, de que éste se convierta en ley. Era una versión que había trascendido luego de que la Cámara baja rechazara el Capítulo XI de la redacción original, el cual contemplaba, entre otros puntos, la derogación de las leyes que asignaban más fondos para las universidades y las pensiones por discapacidad. La posibilidad del veto presidencial surgió porque estas modificaciones comprometerían el equilibrio fiscal -según estimaciones, su aplicación implica un gasto de entre el 0,5 y 0,75% del PBI-. Con todo, el mandatario dejó en claro que no impugnará la iniciativa.

No obstante, dejó en claro que realizará ajustes internos para garantizar el equilibrio fiscal, pieza fundamental del programa económico. Todo esto, sumó, sin aumentar la presión impositiva.