La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se trasladó a 9 de Julio, para supervisar la respuesta estatal ante un gravísimo episodio de inundaciones que cubre millones de hectáreas y afecta fuertemente a productores, caminos rurales y poblaciones aisladas.  

El Gobierno nacional anunció una asistencia de $1.900 millones destinada a municipios de la provincia para adquisición de piedra, combustible, materiales para reparación de caminos y otros insumos de emergencia.

Además, realizó el despliegue de un operativo de emergencia que involucra al Ejército Argentino, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Vialidad Nacional, y maquinaria pesada, para intervención en zonas aisladas, apertura de accesos y apoyo logístico en localidades como 9 de Julio, Bragado, General Viamonte y Carlos Casares.

Y activó la conformación de un comité de crisis en la localidad de 9 de Julio, que se replicará en Bolívar, con participación de municipios, entidades rurales locales y fuerzas federales, para definir prioridades de asistencia.

Durante la reunión con más de 400 productores, representantes de la Mesa de Enlace y funcionarios provinciales, Bullrich enfatizó que “el Estado nacional va a estar al lado de la gente, en el territorio y con respuestas concretas”.

El foco del operativo apunta al gran daño sufrido en los caminos rurales, rutas de producción, accesos a campos y zonas productivas que quedaron sumergidas por más de 1.200 a 1.800 milímetros de lluvia en las últimas semanas, según datos provinciales.

Desde el gobierno provincial, la asistencia fue bienvenida, pero también hubo críticas hacia la demora de las obras hidráulicas en la cuenca del río Salado, y se señaló que la Provincia había reclamado recursos y que la Nación estaba demorando la ejecución de etapas clave del Plan Maestro de la Cuenca.

Este operativo y el desembolso representan un intento de contener una crisis que pone en jaque la producción agropecuaria, la conectividad rural y el desarrollo territorial en la provincia más poblada del país.