Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para los ocho detenidos imputados por el femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 20 años al momento del crimen.  

El requerimiento fue elevado al juez de garantías ante la “brutalidad” del hecho, que fue calificado por los fiscales como un homicidio con premeditación, alevosía y ensañamiento, cometido para ocultar otro delito previo: un robo de drogas. 

La acusación sostiene que las víctimas fueron engañadas para subir a un vehículo con la promesa de participar de una fiesta, trasladadas a una vivienda en Florencio Varela y allí sometidas a torturas, cortes y golpizas antes de ser asesinadas.  

El espacio fue descrito como “la culminación del quehacer de una organización narco criminal”, lo cual fundamenta la solicitud de que la causa pase al fuero federal para avanzar contra la estructura delictiva de alcance internacional. 

Entre los ocho imputados por los cuales se pidió la prisión preventiva figuran tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, algunos de los cuales ya se encuentran detenidos en Perú a la espera de extradición.  

La petición también menciona la existencia de tres prófugos con pedidos de captura internacional. La gravedad del caso ha movilizado además etiquetas de violencia de género: los fiscales sostienen que a las jóvenes se las utilizó por su vulnerabilidad estructural, por lo que el hecho debe tratarse con “perspectiva de género” y no sólo como un homicidio más.