El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) confirmó que el gobierno avanzará con la privatización de CineAr TV y CineAr Play a través de una subasta “sin base monetaria”, alegando que su objetivo no es obtener ganancia, sino asegurar que ambas plataformas continúen funcionando.

Según fuentes oficiales, el mecanismo contempla una “garantía de continuidad” contractual por dos años. Para poder llevar adelante la privatización, primero debe aprobarse un decreto que revierta el traspaso previo que dejó a CineAr bajo la órbita de la Secretaría de Medios.

El anuncio generó rechazo en el sector audiovisual. Distintas entidades y creadores criticaron la medida e instaron a manifestarse frente al INCAA, advirtiendo que la privatización podría afectar el acceso público al cine nacional.

Hasta ahora, el argumento gubernamental alude a un ahorro de USD 330.000 anuales, sumando los costos salariales y operativos de las plataformas. No obstante, los críticos señalan que ese monto representa una fracción minoritaria del presupuesto del instituto.

El proceso ahora depende del decreto presidencial y del diseño de los términos del pliego de subasta: deberá definirse el perfil del comprador, las obligaciones de mantenimiento del catálogo argentino, y los mecanismos de supervisión para que la operación no implique un cierre de facto del servicio cultural público.