La fiscal general Baigún solicitó que se disponga la inmediata detención de Samiei Sajjad Naserani, ciudadano iraní condenado a 4 años y 6 meses de prisión. El pedido se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°6 tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar un recurso de queja interpuesto por la defensa, en el que había cuestionado la condena por asociación ilícita. Con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación al considerar que no cumplía con los requisitos fijados en la Acordada 4/2007 para este tipo de recursos.

En el escrito, Baigún sostuvo que “existe una sentencia condenatoria firme con relación a Naserani por ser autor penalmente responsable de los delitos de uso de documento público falso agravado de asociación ilícita, en concurso real entre sí; por otro lado, que se ha satisfecho el doble conforme respecto de la pena de efectivo cumplimiento que se le impuso en virtud de ello”. También señaló que solo resta resolver un recurso vinculado con el monto de la pena, que ya fue confirmada el año pasado por Casación. En ese sentido advirtió: “Dicho escenario consolida los riesgos procesales inherentes al caso y torna necesario ordenar la detención de Naserani a fin de asegurar su sujeción al proceso y la eventual ejecución de la pena aplicable”.

La investigación estableció que el acusado integró una organización ilícita con al menos cinco personas, que funcionó entre noviembre de 2018 y marzo de 2019 y que operó en España, Portugal, Grecia y Argentina. De acuerdo al expediente, el grupo se dedicaba a falsificar y comercializar documentos de identidad, utilizarlos para obtener pasajes aéreos y entregarlos luego a terceros. En marzo de 2019, Naserani llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a su pareja con pasaportes israelíes robados, lo que activó una alerta de Interpol. Pese a ello se les permitió el ingreso, aunque días más tarde fueron detenidos en un hotel del barrio de Abasto.

El derrotero judicial tuvo varias instancias. En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal N°6 lo condenó a 3 años de prisión en suspenso por uso de documento público falso y lo absolvió de la acusación por asociación ilícita. En 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y lo condenó también por ese delito, ordenando que se fijara una nueva pena. En diciembre de 2022, el mismo tribunal estableció una condena de 4 años y 6 meses de prisión, que fue recurrida nuevamente por la defensa. La Sala II de Casación confirmó el fallo en noviembre de 2023 y dio por acreditada la pertenencia de Naserani a la estructura internacional dedicada a la falsificación de documentación apócrifa.