Durante la mañana del lunes, cinco sindicatos del sector aeronáutico llevaron a cabo una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery, en el marco del inicio de las vacaciones de invierno y ante un importante flujo de pasajeros.

La medida fue impulsada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Unión del Personal Superior Aerocomercial (UPSA), la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y ATE-ANAC. El reclamo se centró en el rechazo al DNU 378/2025, mediante el cual el Gobierno modificó aspectos centrales del régimen laboral vigente para el sector.

Aunque no se registraron demoras ni cancelaciones, los gremios se quejaron por el impacto de la nueva normativa en las condiciones de trabajo y el sistema de seguridad aérea. “No vamos a afectarlos, porque el turismo ya cayó un 50%. Pero esto va mucho más allá del salario. Se está desmantelando el sistema de control aéreo”, declaró Edgardo Llano, titular de APA. En paralelo, las organizaciones sindicales presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertando sobre el deterioro de derechos laborales y posibles consecuencias en el funcionamiento del sistema.

Entre los cambios señalados, el nuevo decreto eleva el límite diario de horas de vuelo de 8 a 10, y el anual de 800 a 1.000, reduce el descanso semanal obligatorio de 36 a 30 horas y limita las vacaciones a 15 días corridos, eliminando la posibilidad de acumulación de hasta 45. También se modifican los tiempos de espera y traslado, que dejarán de ser considerados parte de la jornada laboral. A pesar de que estaba prevista su entrada en vigor a los 30 días de publicada, el Gobierno extendió ese plazo a 90 días a través de la resolución 402/2025, con el argumento de facilitar la adecuación de las empresas a los nuevos parámetros.

La convocatoria en Aeroparque, que comenzó a las 11 de la mañana, tuvo como objetivo visibilizar el rechazo al nuevo marco legal, que los gremios interpretan como un retroceso en materia de derechos y garantías laborales. La situación fue enmarcada por las organizaciones como un llamado de atención frente a lo que consideran una “catástrofe aérea inminente” si se mantiene el rumbo actual.