La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó que Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, sea condenado a 14 años de cárcel de cumplimiento efectivo. Lo consideró responsable de una asociación ilícita en calidad de jefe u organizador y de múltiples estafas en concurso real.

La funcionaria también pidió penas para otros integrantes del grupo: ocho años de prisión para Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, seis para Jorge Federico Vilardel, cuatro para Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y tres años y seis meses para Vilma Griselda Albornoz. A todos los acusó de integrar una asociación ilícita y cometer estafas en modalidad continuada. Además, pidió prisión preventiva para todos los involucrados.

Durante el juicio, Salinas Odorisio afirmó que los hechos investigados causaron un perjuicio económico de $776.834.153 a los damnificados y explicó que "se acreditó la existencia de una asociación ilícita encabezada por Cositorto, que asignó funciones y roles específicos dentro del esquema", en referencia a las maniobras propias de un sistema Ponzi.

Según la acusación, la organización operaba en distintas provincias como Córdoba, Salta, Santa Fe y Buenos Aires. En esas sedes, los captadores se encargaban de convencer a nuevas personas para que aportaran dinero, que luego se usaba para pagar a inversores anteriores sin respaldo legal alguno.

En su alegato, la fiscal sostuvo que “los hermanos Vilardel desempeñaron un papel protagónico y preponderante”, al encargarse de reunirse con los clientes. A su vez, remarcó la influencia del discurso motivacional que Cositorto ofrecía en charlas y conferencias, lo que fue clave para “manipular y engañar” a quienes terminaron siendo perjudicados. Finalmente, pidió que se investigue a Daniel Flores Jiménez por presunto falso testimonio durante el proceso oral y público, que incluyó más de un centenar de testigos. La etapa de alegatos ya concluyó, y se aguarda la resolución del tribunal.