La justicia federal reactivó en las últimas horas la causa por espionaje ilegal que tiene como principal imputado al ex policía Ariel Zanchetta, acusado de haber espiado a jueces y funcionarios políticos en el marco de una red clandestina con vínculos en la política y estructuras estatales.

La investigación, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli, busca esclarecer el hackeo de teléfonos celulares de jueces de Casación y de la Corte Suprema, con epicentro en maniobras ejecutadas desde la provincia de Misiones. Entre las víctimas figuran los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes integraron el tribunal que condenó a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

En la causa también está imputado el ex funcionario de la AFIP y referente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, a quien se lo vincula con operaciones contra la entonces ministra Victoria Tolosa Paz. Un diálogo con Zanchetta hallado en sus dispositivos lo comprometería como parte de las maniobras, aunque aún no fue citado a declaración indagatoria.

El expediente permaneció meses sin avances mientras se aguardaban peritajes tecnológicos, pero el juzgado ahora ordenó a la DAJUDECO la elaboración de un nuevo informe integral sobre los dispositivos secuestrados. También se volvieron a requerir datos a la ANSES, la AFIP, la ARBA y a la DATIP sobre vínculos con un joven implicado en otra causa de hackeos conocida como “Dark PFA”.

Zanchetta, quien estuvo detenido durante diez meses, fue procesado junto al hacker misionero Ezequiel Núñez Piñeyro, quien reconoció haber recibido órdenes vía Telegram para modificar tarjetas SIM pertenecientes a jueces y políticos. Las autoridades apuntan ahora a reconstruir cronológicamente las comunicaciones e identificar nuevas conexiones en la trama.

El caso cobra nuevo impulso en medio del contexto de tensión entre el Poder Judicial y sectores políticos, tras los intentos fallidos de juicio político a la Corte Suprema durante 2023.