El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió por unanimidad abrir una acción penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete ex funcionarios de su gobierno. La resolución se basó en los indicios presentados por la Procuraduría General de la República, que señala la participación del exmandatario en un plan para desconocer los resultados de las elecciones de 2022 y justificar una intervención militar.

El magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación y señaló que "tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado".

Además, afirmó que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido" y que el intento no se concretó por la "resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción".

Por su parte, Bolsonaro negó las acusaciones y se declaró un "perseguido". En su primera reacción, aseguró que "parece que tienen algo personal contra mí, y las acusaciones son muy graves e infundadas". También reconoció que, tras las elecciones de 2022, discutió con comandantes militares "hipótesis" para declarar el Estado de sitio y de defensa, pero argumentó que estos escenarios están previstos en la Constitución.

Los acusados enfrentan cargos por abolición violenta del estado de derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal armada y daño al patrimonio público, con penas que van desde los seis meses hasta los 17 años de prisión. Ahora, el proceso avanzará con la recolección de pruebas, declaraciones de testigos y los alegatos finales antes de una posible condena o absolución.