El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspendió la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 116/25, que establecía la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima y ordenó como "medida cautelar interina" que se frenen los efectos del decreto y sostuvo que podría "contradecir la voluntad del Congreso".

También dispuso que tanto el Estado nacional como el Banco Nación "se abstengan de toda acción tendiente a su implementación" y declaró la "nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización".

Además, Ramos Padilla solicitó a las autoridades que, en un plazo de cinco días, presenten un informe que "dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025".

En su argumentación, recordó que "el artículo 1 de la Carta Orgánica del Banco establece expresamente que el BNA es una entidad autárquica con autonomía presupuestaria y administrativa, cuyo régimen no se encuentra sujeto a las normas generales de la administración pública nacional" y sostuvo que "dicha previsión impide que el Ejecutivo pueda modificar su estructura sin una ley específica del Congreso, ya que la delegación legislativa conferida por la Ley 27.742 es de carácter general, y no habilita una transformación de esta magnitud sin norma expresa".

Por último, señaló que "el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional" y que "cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo".