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El decreto 97/2025 formaliza el proceso de concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante la disolución y liquidación de la sociedad.
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El Gobierno avanzó con la privatización de Corredores Viales S.A., empresa que administra más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales y gestiona el 80% del tránsito en el país. La decisión, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quedó oficializada este lunes con la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial.
"Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias", establece el artículo 1 del decreto.
En ese sentido, Adorni justificó la medida al señalar que la empresa "tenía magros resultados" y que con el nuevo modelo se buscará "promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado".
El proceso de privatización estará a cargo del Ministerio de Economía mediante la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Para ello, se definieron una serie de pasos a seguir:
- La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.
- La ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores viales mencionados.
- La disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las compañías seleccionadas.
Según datos oficiales, en 2023 Corredores Viales S.A. presentó resultados económicos negativos con deudas que alcanzaron los $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. Para sostener su funcionamiento, la empresa recibió asistencia del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
El Gobierno sostiene que "es prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos", y considera que para ello "se precisa la participación del sector privado".

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