La Justicia de Estados Unidos confirmó un fallo que condena a Argentina a pagar 390,9 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. La decisión fue emitida por una corte del Distrito de Columbia y beneficia al fondo Titan Consortium, actual titular del juicio.

En octubre, Titan había solicitado que se ordene el pago del fallo emitido por el CIADI, tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, que permanece impago. Según Titan, esta sentencia no es apelable, y la reciente resolución de la corte estadounidense es definitiva.

El secretario de Transporte de la Nación se refirió al fallo mediante un mensaje en la red social X: “Miren lo que cuestan las genialidades de los estatistas y todavía hoy el gobernador de Bs As sigue insistiendo en ese camino. La verdad que deberíamos concretar la idea de @JMilei: crear el impuesto Kicillof, así lo pagan los adoradores de ideas ridículas que le cuestan fortunas al país”.

El caso llegó a manos de Titan Consortium luego de varias transacciones previas. Burford Capital había adquirido en 2015 los derechos del juicio al tribunal español que cursaba la causa por la quiebra del grupo Marsans, en unos 17 millones de dólares. Burford luego vendió estos derechos a Titan Consortium el 15 de marzo de 2018, enfocándose en la causa por la renacionalización de YPF en 2012, que continuó la acción judicial y argumentó que Argentina no cumplió con lo ordenado por el CIADI.

A mediados de noviembre, los representantes legales de Argentina y Titan Consortium acordaron los términos de la sentencia, permitiendo a la Justicia de Estados Unidos expedir una sentencia final sin necesidad de un juicio. Este acuerdo establece que, ante incumplimiento, se activarían procesos de embargo para cubrir el total de la deuda. A pesar de la negativa inicial de Argentina, el tribunal estadounidense determinó que la sentencia debía ejecutarse.

La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue impulsada por el Gobierno de Cristina Kirchner y reglamentada el 17 de diciembre de 2008 tras la aprobación de la ley en el Congreso. La normativa declaró a Aerolíneas Argentinas y otras empresas asociadas como de interés público nacional. Según el informe, Argentina no realizó pagos por la reestatización, lo que llevó al fondo Burford a adquirir los derechos del juicio de Gerardo Díaz Ferrán, titular de Marsans, ante el CIADI.