El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles un escrito en el que le pide a la juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo contra la Argentina por la expropiación de la compañía, en 2012. 

En su presentación, que publicó en X el abogado Sebastián Soler, el Departamento de Justicia alega que la orden de turnover que pidieron los demandante "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos" y le pide a la magistrada que la rechace.

"Los Estados Unidos presentan esta Declaración de Interés para reiterar su posición de larga data de que la propiedad soberana extranjera ubicada en el extranjero no está sujeta a ejecución en los tribunales de EE. UU.", se agrega en el escrito. El abogado Sebastián Maril aclaró que esta medida no está relacionada con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

Un fallo en primera instancia obligó a la Argentina a pagar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares por no haber cumplido los pasos establecidos en el estatuto para la compra del 51% de las acciones.

Los fondos Burford y Eton Capital solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados.

Al momento de su estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, adquirió el derecho a litigar en la Justicia española cuando la empresa Petersen, que fundó la familia Eskenazi en ese país y que era accionista de la empresa- se declaró en quiebra.

Los demandantes sostienen que el Gobierno de Cristina Kirchner compró el 51% de las acciones sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición (OPA), como establecía el estatuto.

En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.

Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.

La defensa argentina planteó que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que avanzaron según lo establecido en la Ley de Expropiación.