Antes de la movilización de este miércoles en rechazo a los recortes en el presupuesto para las universidades, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que afirmó que este conflicto "responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo porque los reclamos" del sector "están todos atendidos y resueltos".

"Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas. El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada", indicó la cartera que dirige Sandra Pettovello.

El Ministerio, del que depende la Secretaría de Educación, recalcó que "nunca se desfinanció la educación universitaria pública" y que el compromiso del Gobierno con la universidad pública "se ha mentido firme". "Simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron", dijo.

Desde Capital Humano también rechazaron que el 85% del personal docente y el 60% del no docente se encuentre por debajo de la línea de pobreza, tal como consignaron las universidades nacionales de Río Negro y San Martín en un informe publicado a comienzos del mes pasado.

"Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente. Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores", detallaron.

Reconocieron, sin embargo, que los docentes de dedicación simple sí perciben los salarios más bajos, pero explicaron que esto se debe a que dan clase sólo una vez por semana. En este grupo de los que perciben las remuneraciones más bajas también incluyeron a los no docentes de categorías iniciales.

"El Ministerio rechaza enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros
respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha
es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio
hacia los estudiantes", expresó el Ministerio.

Contexto

En otra parte del documento, Capital Humano enumeró una serie de puntos que precedieron a la movilización de este miércoles, que, al igual que la de abril, se prevé masiva.

El Ministerio dijo que las universidades públicas rechazaron una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año. "Esta decisión impacta directamente en el sistema educativo, poniendo en riesgo la educación de miles de estudiantes y priorizando el conflicto por sobre la solución", afirmaron desde la cartera.

En esa línea, agregaron que el rechazo a esta propuesta "evidencia que este paro excede al ámbito salarial. No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios".

Sumaron por otra parte que las universidades recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270%. "Aun así, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa", aseguraron.

En un tercer ítem, dijeron que las universidades, "especialmente la UBA", no han rendido cuentas de manera adecuada. "El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos", informaron.

Otro punto es el que está relacionado con la cantidad de estudiantes extranjeros que estudian en el sistema universitario público argentino: "El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público".

Abonando las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades nacionales de inventar alumnos para recibir más fondos, señalaron también irregularidades respecto de la cantidad de alumnos inscriptos: "Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica".

También hicieron énfasis en que el sistema público "refleja profundas disparidades sociales". "El 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables".

Por último, dijeron que a diferencia de lo que ocurría en otras administraciones, "hoy los fondos se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días", lo que "garantiza un funcionamiento fluido del sistema educativo".