El fiscal federal Franco Picardi solicitó el cierre de la denuncia realizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el sindicalista aeronáutico Pablo Biró, donde se lo acusaba a de supuestas extorsiones y amenazas tras declaraciones públicas en las que advertía que la situación con Aerolíneas Argentinas iba a "empeorar". 

El fiscal presentó su dictamen ante el juez Ariel Lijo, quien ahora deberá tomar una decisión. En su escrito, Picardi señaló que la conducta de Biró, "lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato", por lo que no constituye una amenaza, porque debería implicar daño futuro, grave y posible, algo que no se dio en este caso.

También destacó "las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión" y que estos reclamos giran en torno a "derechos laborales y sindicales, todos de raigambre constitucional que, a la vez, forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos".

Y, finalmente, advirtió sobre el peligro de judicializar conflictos sociales que no necesariamente deben ser abordados desde el ámbito penal: "El derecho penal debe ser únicamente utilizado cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo; y cuando se determine que es la herramienta que resolverá de manera eficiente 
el conflicto de fondo".

Esta denuncia no solo se dio en medio de un tenso conflicto que el Gobierno nacional mantiene con los trabajadores de la aerolínea de bandera, sino que también en un proceso que tiene como objetivo privatizarla. De hecho, desde este miércoles, la Cámara Baja debate esta posibilidad como un hecho concreto.