Un total de 27 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de la causa que investiga la denuncia del Ministerio de Seguridad por extorsión a beneficiarios de planes sociales para que concurran a manifestaciones.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dictó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.

La medida judicial apunta a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, y surgen de los llamados que se recibieron en la Línea 134, habilitada por la cartera de Seguridad para que beneficiarios de programas estatales denuncien amenazas por parte de los dirigentes.

Entre los acusados, figuran Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero En esta lista, también están anotados los nombres de Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca  Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), que administraban comedores populares.

De acuerdo con la pesquisa, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

"De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados", dice la resolución que firmó la Sala I de la Cámara.

La Justicia ordenó también el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones  se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

La estructura

En su investigación, el fiscal Pollicita sostuvo que estableció la existencia de cinco niveles de beneficiarios.

En un primer estamento, se encontraban aquellos que estaban en "listas de espera" para el Potenciar Trabajo, es decir, debían realizar diferentes tareas para aspirar a acceder a la asistencia.

Ocupaban el siguiente escalón de esta pirámide los "beneficiarios comunes", que debían asistir a marchas o aportar a comedores como contraprestación. Si se ausentaban en más de tres marchas, les daban de baja al plan, declaró un testigo.

Por encima de ellos, indicó el fiscal, se encontraban personas que eran anotadas como beneficiarios del doble de la prestación social, y a cambio, se les exigía, además del dinero y la asistencia a las movilizaciones, otras tareas. Estos eran denominados "cuadrilla" o "esenciales".

En un cuarto escalón, se ubicaban los "delegados", que podían percibir hasta el cuádruple de dinero y exigían dinero al resto, cobraban las cuotas y comunicaban las sanciones.

En la cima de la pirámide estaban los "referentes", responsables de la administración de los fondos y de dirigir a los delegados.

Los chats

Quienes se comunicaron al 134 ratificaron su denuncia en sede fiscal y aportaron sus propias conversaciones donde, según un comunicado de Presidencia, se probó la extorsión para concurrir a las protestas.

"Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente", afirmaron fuentes oficiales. "Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos", agregaron.

Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.

El descargo de las organizaciones

Después de los 27 allanamientos, dirigentes de distintas organizaciones hablaron en conferencia de prensa y negaron los hechos. Dijeron, por el contrario, que se trata de una "persecución política" por parte del Gobierno de Javier Milei.

"Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos", advirtió el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó por su parte Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de UTEP.

Una de las abogadas que representa a las organizaciones sostuvo: "Estos allanamientos se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios cuando no había ningún tipo de resistencia".

El comunicado del Polo Obrero

Los allanamientos nocturnos : una política persecutoria propia de la dictadura militar.

La treintena de allanamientos contra organizaciones piqueteras (FOL, Barrios de Pie y Polo Obrero) que llevó adelante hoy el Fiscal Pollicita a raíz de la denuncia de Patricia Bullrich siguen un manual policial y persecutorio propio de la dictadura militar. Como denunciaron hoy las organizaciones en conferencia de prensa, estos métodos persecutorios tienen un solo objetivo: quebrar al movimiento piquetero combativo que viene enfrentando al gobierno de Milei, un gobierno que en medio de una enorme crisis social ha retirado todo tipo de alimentos a los comedores populares, congelado y recortado los programas sociales y que lleva adelante un verdadero plan de hambre contra los trabajadores. Esta política represiva se suma a los intentos de establecer la reiterancia en la ciudad y en el País, para reforzar la criminalización de las luchas populares, y a todas las medidas represivas que viene llevando adelante el gobierno.

La denuncia está armada sobre la base de una enorme tergiversación: la que presenta a las organizaciones piqueteras y particularmente al Polo Obrero, y a sus dirigentes, como un grupo de extorsionadores contra los compañeros. Esta tesis no tiene sustento alguno. Las organizaciones no dan bajas de programas sociales, ni tampoco hay altas. Las decisiones en el Polo Obrero se toman en asambleas. Lo mismo vale para el control obrero de las conquistas e inclusive los recursos de la organizaciones. Hemos hecho de este método una bandera en la lucha contra los punteros del estado.

Hoy acompañados de todas las organizaciones del Movimiento piquetero unificado, secretarios generales de  sindicatos, combativos, el secretario grl de la CTA, Organismos de DDHH, Diputados y legisladores, partidos políticos y centros de Estudiantes, denunciamos todo esto en conferencia de prensa frente al Congreso Nacional.

Vamos a pelear en todos los terrenos, incluido el judicial, ya que dimos,  damos la cara siempre, frente a los ataques de los gobiernos ajustadores y represores.