El juez laboral José Ignacio Ramonet reafirmó su competencia para tratar la causa interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT), negándose a trasladarla al fuero Contencioso Administrativo Federal. Esta resolución, que surge como contraparte a la decisión previa del magistrado Esteban Furnari, marca un punto de inflexión en el proceso judicial que busca impugnar el DNU 70/2023.

El fallo emitido por Ramonet destaca la complejidad de las presentaciones realizadas por los abogados de la parte demandante, subrayando la diversidad y disparidad de los intereses colectivos afectados por la controvertida normativa. En sus palabras, "los intereses colectivos en juego no presentan homogeneidad", desestimando así la posibilidad de agruparlos bajo un mismo amparo colectivo.

El juez  enfatizó que la situación vinculada a la reforma laboral y los derechos de los trabajadores no guarda relación con otros aspectos abordados en la normativa impugnada, como los concernientes a inquilinos o consumidores. Esta diferenciación, argumenta, invalida la aplicación de un recurso colectivo para problemáticas tan disímiles.

"La norma dictada resulta inédita en nuestro derecho", expresó, señalando la relevancia de la cantidad de disposiciones que ha modificado o derogado, un aspecto que requiere un análisis minucioso durante el proceso legislativo. El magistrado instó a que el caso continúe su curso habitual, tomando en cuenta la diversidad de asuntos implicados.

Paralelamente, la decisión del juez Furnari de no habilitar los días 29, 30 y 31 de diciembre para tratar el pedido de medida cautelar referente al decreto fue enfatizada como una medida de excepción, reservada solo para situaciones donde esté en riesgo la materialización de una decisión judicial crucial.

El mega decreto, que entró en vigor este viernes, enfrenta más de 20 presentaciones judiciales argumentando su inconstitucionalidad. La demanda presentada por la CGT sigue su curso en el juzgado nacional del Trabajo 69, desafiando los efectos de la normativa y aguardando la respuesta gubernamental en el plazo estipulado por el juez Ramonet.