Argentina sufrió este viernes un duro revés judicial y podría tener que pagar hasta 16.000 millones de dólares luego de que una jueza estadounidense fallara contra el país en una disputa con accionistas minoritarios de YPF por la estatización de la compañía, en 2012.

En su fallo, la jueza Loretta Preska aceptó el esquema propuesto por el fondo Burford, que compró el derecho a litigar y a quedarse con el 70% del resarcimiento que surgiera de una eventual sentencia. Ahora, Argentina deberá negociar con aquel fondo la compensación.

Los demandantes, Burford y Eton Park, sostienen que el Estado tomó el control de la empresa el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

Para el Estado argentino, los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.

"El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", fue la primera respuesta que dieron desde el Gobierno nacional.

Preska, quien había declarado culpable a la Argentina de expropiar erróneamente la petrolera, decidió otorgarle la razón a Burford respecto al resarcimiento que ronda, en teoría, en los USD 16.000 millones.