Un fallo judicial puso en alerta nuevamente a las asociaciones vecinales que desde hace más de 15 años han podido frenar el levantamiento de un conglomerado de edificios y un paseo de compras de grandes proporciones en terrenos que alguna vez pertenecieron a Ferro Carril Oeste, en el porteño barrio de Caballito.

El titular del juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Número 24, Darío Reynoso, levantó una medida cautelar vigente desde los tiempos de la pandemia de Covid y autorizó a comenzar las obras del complejo en un sector de esa propiedad, que en total suma 2,4 hectáreas, entre la avenida Avellaneda y las vías del ferrocarril Sarmiento.

Esta lucha vecinal es una de las más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, ya que comenzó en el 2008, cuando el grupo IRSA adquirió los terrenos, que hacía poco tiempo el Estado nacional le había cedido al club.

En esa época se había conformado un núcleo duro de asociaciones y asambleas vecinales, del que también participaban grupos políticos contrarios al gobierno porteño de Mauricio Macri, que recién había asumido como jefe de Gobierno de la Ciudad tras vencer a Jorge Telerman y Daniel Filmus en las elecciones municipales.

El primer escollo para el proyecto estuvo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que en más de seis oportunidades rechazó en comisiones, e incluso en el recinto de sesiones, modificaciones a las leyes vigentes para que se pudiera concretar la obra.

En esos tiempos se había producido un crecimiento exponencial de las construcciones en el barrio de Caballito, que provocaba inconvenientes repetidos en el sistema cloacal y eléctrico, con cortes por encima del promedio del resto de los barrios.

Por eso la intención de levantar un conjunto de edificios con una altura de hasta 10 pisos puso en alerta a un sector de los vecinos, que por muchos años realizó movilizaciones y cortes de calle.

Ya en plena pandemia trascendió que el GCBA había dado vía libre para una “rezonificación" de las parcelas involucradas, lo que habilitaría la construcción de más de 1.100 departamentos y un shopping de 28.000 metros cuadrados.

Por eso los comuneros Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros, más la asociación SOS Caballito, presentaron una medida cautelar para que se frene la obra nuevamente, hasta tanto se conozcan los resultados de los estudios de impacto ambiental, entre otras cuestiones.

El juzgado aceptó el recurso pero al cabo de tres años, y tras varias presentaciones de la empresa IRSA, dispuso que se inicien los trabajos de construcción en una parte del predio, que se puede observar en altura cuando se cruza el puente “Cacho” Saccardi, por encima de las vías del tren.

El magistrado tuvo en cuenta para dar su aval a las tareas una cesión de tierras que la compañía realizó a la firma Portland, que está a cargo del desarrollo inmobiliario del área denominada “Ciudad Palmera”

Al dividirse las parcelas y modificar el proyecto inicial, el proyecto urbanístico y comercial no tendría impedimentos legales para su concreción.

Los grupos de vecinos no dan el brazo a torcer y por eso se concentraron en la esquina de Rivadavia y Acoyte para volver a manifestar su rechazo, a la vez que reclaman que en caso de avanzar con su propósito las empresas resguarden hasta el 50 por ciento del terreno para la creación de un parque público.

Otro de los puntos cuestionados es la incidencia que el futuro shopping tendrá sobre los negocios barriales.