Julio César Grassi, el sacerdote condenado por abuso sexual infantil y corrupción de menores desde 2013, podría obtener la libertad condicional si la Justicia acepta un recurso presentado por sus abogados para obtener ese beneficio.

El religiosos de 66 años cumple su condena en el pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria N.º 41 de la ciudad de Campana, luego de haber sido sentenciado hasta el año 2026. Luego la pena fue extendida hasta 2028, por un mal cálculo y la imposibilidad de aplicar en su caso el beneficio denominado "dos por uno".

Sin embargo, tras haber cumplido una década detenido; es decir, dos tercios de su condena, estaría en condiciones de conseguir la libertad condicional y continuar con arresto domiciliario.

Los abogados del religioso apelaron esa extensión de la condena, pero el pedido fue rechazado por la Cámara, y posteriormente presentaron otro recurso de queja, que todavía no fue resuelto.

Si bien desde 2017 ese beneficio no se aplica a personas acusadas por delitos sexuales, también se vería favorecido porque fue sentenciado antes de que esa cláusula entrara en vigencia.

En tanto, en medio de la pandemia de coronavirus, el cura estudió y logró recibirse de abogado penalista tras haber cursado en la Universidad Siglo XXI, y sigue formándose en esa profesión.

Grassi había sido condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón el 10 de junio de 2009, a la pena de 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima.

Caso Grassi

Si bien la primera causa contra Grassi por presuntos casos de pedofilia en la fundación fue presentada en 1991 sus delitos fueron comprobados en 2002 tras una investigación realizada en el programa televisivo Telenoche Investiga, que se emitía por canal 13.

En el informe, tres testigos revelaron cómo fueron obligados a mantener relaciones sexuales con el cura, cuando eran menores de edad. Grassi desmintió las acusaciones públicamente pero después se dio a la fuga.

Por entonces, el cura estaba al frente de la fundación 'Felices los Niños', que funcionaba en la localidad bonaerense de Hurlingham, donde se produjeron los hechos que derivaron en las denuncias de los damnificados y el posterior arresto y condena contra el perpetrador.

Tras la confirmación de la condena, el Obispado de Morón había emitido un comunicado para anunciar que tenía "prohibidas sus funciones religiosas" y que el Vaticano había dispuesto una investigación sobre las denuncias hechas en su contra.